Desde el inicio del mandato de Donald Trump, se han implementado varias medidas anti inmigratorias, principalmente en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Dicho esto, el mes pasado el presidente intentó justificar sus planes de cerrar la frontera utilizando una “emergencia de salud pública”, es decir, la propagación del sarampión y la tuberculosis. Esta actitud recuerda a la llegada de la pandemia de Covid-19, cuando Trump invocó medidas (llamadas “Título 42”) que permitían la expulsión de migrantes bajo argumentos sanitarios, que el gobierno pretende retomar.

Trump y sus asesores no tienen un brote de salud pública que justifique sus acciones, pero eso no les impide buscar incansablemente la enfermedad adecuada para respaldar sus intenciones. También han argumentado que es probable que los migrantes en la frontera porten enfermedades desconocidas, lo que refuerza el contenido xenófobo de la esencia de la actual administración, disfrazado de un intento de proteger a la nación.

Volviendo más específicamente a las actitudes de Donald Trump hacia el pilar de salud en Estados Unidos, es claro que una de las primeras acciones de su segundo mandato fue retirar al país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alegando, por un lado, que la organización favorecía a China y no estaba verdaderamente alineada con los intereses estadounidenses, y, por otro, que las consecuencias de la mala gestión organizacional todavía se pueden ver hoy en día en toda la pandemia de COVID-19 y durante otras crisis de salud globales. Esta decisión generó preocupaciones sobre la capacidad del país para enfrentar las crisis de salud pública y afectó a los programas de salud globales que eran esencialmente “dependientes” del país, especialmente aquellos dirigidos a poblaciones vulnerables, como los inmigrantes.

Contrario a lo que afirma el Título 42 –que se centra en la expulsión de inmigrantes por amenazas de enfermedades–, el mes pasado el actual presidente despidió a cientos de inspectores de salud en las fronteras de Estados Unidos, justificando que sus servicios ya no eran necesarios. Sin embargo, estos empleados son responsables de investigar a los pasajeros enfermos, examinar a los animales en busca de patógenos peligrosos e inspeccionar las plantas para detectar infestaciones. La administración del gobierno de Estados Unidos ha anunciado importantes recortes en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que resultaron en la eliminación de 10.000 puestos de trabajo inicialmente, con el objetivo de lograr una reducción total de 20.000 puestos. Estos recortes han afectado a agencias esenciales como la FDA, los CDC y los Institutos Nacionales de Salud, comprometiendo la prestación de servicios de salud, especialmente a las comunidades marginadas e inmigrantes. En otras palabras, eliminar estos agentes de las fronteras hace que la población sea vulnerable y susceptible a las enfermedades. Algo relacionado fue el despido “accidental”, también el mes pasado, de agentes responsables de contener la gripe aviar por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, aunque ahora hay un intento de revertir la decisión y volver a contratar a esos profesionales. También es importante exponer los recortes presupuestarios realizados a la próxima generación de científicos y líderes de salud pública, además de la disminución de la financiación a las ONG que, por justificación, “perjudican” el interés nacional y las prioridades de la administración.

Los datos disponibles muestran que en 2024 Estados Unidos contribuyó con 2.400 millones de dólares a la salud mundial, y que el 19% del presupuesto del país se destinó a esa área. Esto deja aún más claro cómo su salida de la OMS podría tener consecuencias de distinta magnitud.

Para entender cómo las acciones de la administración Trump afectan el acceso y uso de la atención médica por parte de los inmigrantes, se entiende que las medidas de deportación masiva adoptadas han aumentado el miedo entre los inmigrantes, llevando a muchos a evitar buscar servicios médicos por temor a ser detenidos o deportados. La derogación de una política que protegía a los hospitales como “lugares sensibles” de las acciones de control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha aumentado esa preocupación. En Texas, por ejemplo, los hospitales han comenzado a recopilar y reportar información sobre los costos de atención a inmigrantes sin estatus legal, lo que exacerba un clima de miedo y les dificulta el acceso a atención médica esencial.

Otro aspecto de este tema que es importante mencionar es la cuestión de la persecución de las identidades de género y la rigidez en relación a la salud reproductiva. La administración Trump ha propuesto eliminar el reconocimiento de la identidad de género de los documentos oficiales y las políticas de salud, lo que afectaría directamente el acceso de las personas trans a la atención médica, incluidos los tratamientos hormonales, las cirugías de transición de género e incluso la atención médica básica sin discriminación ni violencia. Imponer una definición estricta del sexo biológico también va más allá de los aspectos prácticos de la atención médica y socava la salud de la población a nivel psicológico y conductual, ya que aumenta los riesgos de depresión y suicidio entre las personas trans y no binarias.

Además, en cuestiones reproductivas, el creciente temor entre los inmigrantes en estados como Texas ha llevado a muchas mujeres indocumentadas a evitar buscar atención de salud sexual, incluida la anticoncepción y los controles médicos esenciales. Las políticas de inmigración estrictas y las leyes estatales restrictivas han contribuido a esta situación, dando lugar a las trágicas consecuencias ya observadas, como las muertes causadas por la falta de atención médica adecuada.

Dadas las cuestiones aquí presentadas, no es ingenuo afirmar que las políticas de salud de la actual administración de Donald Trump no sólo restringen y afectan la inmigración, sino que también debilitan el sistema de salud estadounidense en su conjunto, perjudicando no sólo (aunque en magnitud potencial) a los grupos minoritarios, sino a toda la población. Al priorizar las medidas punitivas sobre las soluciones efectivas, el gobierno pone en riesgo tanto los derechos humanos como la seguridad sanitaria nacional.