Con el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025, se reactivó el discurso de “invasión” y “fronteras sobrecargadas” para justificar políticas de control migratorio más estrictas. Un ejemplo de esto es el “metering”, una estrategia migratoria diseñada para limitar drásticamente el número de solicitantes de asilo que podrían ingresar a Estados Unidos a través de los puertos de entrada oficiales en la frontera sur.

El asilo político es un mecanismo legal diseñado para ofrecer protección a personas perseguidas, garantizándoles estabilidad en estados que aseguran los derechos humanos fundamentales. Si bien Estados Unidos ha institucionalizado parcialmente estos mecanismos, no ha firmado ni ratificado la Convención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre Asilo Diplomático de 1954. En consecuencia, este proyecto de acogida se ha vuelto discrecional, variando según la agenda de las administraciones. Actualmente, prevalecen las directrices que restringen el asilo en la frontera con México, justificadas por el volumen de solicitudes. Este escenario ha servido de pretexto para un control migratorio más riguroso, caracterizado por investigaciones exhaustivas y el cuestionamiento de decisiones tomadas por gobiernos anteriores.

El punto central del debate en la Suprema Corte es la interpretación de la autoridad ejecutiva en relación con las obligaciones humanitarias. Por un lado, el gobierno argumenta que el aumento del volumen sin previo aviso genera hacinamiento, donde la demanda supera la capacidad instalada. Por lo tanto, otorgaría al presidente la facultad de suspender la tramitación de nuevas solicitudes para salvaguardar la seguridad nacional. Por otro lado, los defensores de los derechos civiles abogan por la prohibición de que los Estados nieguen la entrada a personas a lugares donde su vida o libertad corren peligro, independientemente de la carga administrativa que esto suponga para el sistema migratorio. Si la Suprema Corte falla a favor del gobierno, la medida podría fundamentar el argumento de que, debido a problemas logísticos, es imposible que esta población ingrese al país, una medida que vulnera el derecho individual a la protección.

Además de desencadenar una crisis humanitaria inmediata en las ciudades fronterizas mexicanas, que ya enfrentan infraestructuras precarias para albergar a las personas detenidas por el sistema de metering, la decisión evidencia un debilitamiento de los regímenes de cooperación regional en materia de migración. Se espera que la decisión sobre el caso se emita a finales de julio, y el resultado podría marcar el futuro de la frontera sur de Estados Unidos y la evolución del actual estado del Derecho Internacional Humanitario.

FUENTES:

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. A-46: Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. San José, 1969. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/A-46.htm. Consultado el 8 de abril de 2026.

REUTERS. US Supreme Court to weigh Trump's power to limit asylum processing. 24 mar. 2026. Disponible en: https://www.reuters.com/legal/government/us-supreme-court-weigh-trumps-power-limit-asylum-processing-2026-03-24. Consultado el 8 de abril de 2026.