U.S. Immigration and Customs Enforcement
Durante el gobierno de Trump, fue notorio el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. En este contexto, en enero de 2025, el actual presidente de Estados Unidos reactivó el Task Force Model, una de las modalidades del programa conocido como “287(g)”, el cual establece acuerdos de cooperación entre el gobierno federal y las fuerzas policiales locales. Este permite que el gobierno federal delegue determinadas funciones de fiscalización migratoria a agentes de seguridad estatales y municipales, mediante acuerdos formales con el ICE. El programa cuenta con tres modalidades: 1. Warrant Service Officer (WSO): permite que agentes locales colaboren en el cumplimiento de determinadas órdenes judiciales migratorias contra personas que ya se encuentran bajo custodia; 2. Jail Enforcement Model: permite identificar a personas con posibles situaciones migratorias irregulares en cárceles locales y transferirlas al ICE; y 3. Task Force Model: autoriza a los policías locales a ejercer funciones de fiscalización migratoria durante sus actividades cotidianas, incluyendo la intervención de vehículos y peatones. Es importante resaltar que este modelo fue suspendido en 2012, después de que investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos identificaran problemas graves, tales como prácticas de discriminación racial en algunas localidades. Sin embargo, fue reactivado en 2025 por el gobierno de Trump.
De estas tres modalidades, el Task
Force Model es la que permite una actuación más amplia de los agentes
dentro de la comunidad. Así, los policías de tránsito, los agentes de
carreteras o incluso los agentes de fiscalización ambiental pueden participar
en la identificación y detención de personas sospechosas de encontrarse en
situación migratoria irregular, remitiéndolas al ICE. El programa creció
rápidamente; FWD.us estima que, para octubre de 2026, ya había entre 26.000 y
33.000 agentes de policía autorizados por el ICE, distribuidos en más de 1.850 agencias
y 30 estados del país.
Uno de los argumentos principales para esta rápida expansión está vinculado a los incentivos financieros ofrecidos por el gobierno federal. Entre ellos se incluye el pago de 60.000 dólares anuales por cada agente de policía formalmente delegado a las agencias participantes, además de incentivos relacionados con el cumplimiento de metas, como el pago de hasta 22.500 dólares por cada menor sometido al procedimiento denominado “safety verification“. Según las estimaciones de FWD.us, las agencias de Florida podrían optar a al menos 872 millones de dólares, con la posibilidad de alcanzar los 1.400 millones de dólares para el final del año fiscal 2027. Esta cifra representa más de un tercio de los recursos proyectados para el programa, a pesar de que el estado concentra aproximadamente una quinceava parte de la población estadounidense. Otro aspecto señalado por la organización es la falta de transparencia respecto a los criterios utilizados para calcular los incentivos financieros y sobre la forma en que las agencias emplean los recursos recibidos.
La intensificación de la fiscalización migratoria ha traído diversas consecuencias para las comunidades inmigrantes; uno de los impactos más significativos es la separación familiar. El reportaje publicado por ProPublica sobre la ciudad de Ingram, en Texas, constituye un ejemplo relevante. Las intervenciones policiales durante actividades cotidianas derivaron en la detención de inmigrantes y su entrega al ICE, separando a padres de sus cónyuges e hijos, lo que provocó la desestructuración familiar y dificultades económicas. El miedo pasó a influir en la vida cotidiana de los residentes; los miembros de la comunidad latina comenzaron a alertarse mutuamente sobre la presencia de policías involucrados en los operativos migratorios, a evitar ciertas rutas e incluso a abandonar temporalmente sus hogares. Esta inseguridad debilitó sus vínculos comunitarios, al reducirse los encuentros, las fiestas y las actividades sociales. Así, incluso aquellos que no fueron detenidos directamente pasaron a convivir con los efectos de la política migratoria.
Estos impactos también afectaron a la economía local. Debido a la detención y salida de trabajadores inmigrantes de algunas localidades, las empresas enfrentaron dificultades para mantener sus actividades. En un reportaje sobre la ciudad de Ingram, la propietaria de una empresa de limpieza relató que su plantilla, compuesta anteriormente por unas 30 personas, se redujo a menos de diez. Otros establecimientos también perdieron clientes; por ejemplo, un restaurante mexicano en la ciudad pasó de recibir 200 pedidos diarios a solo 50. Estos casos demuestran cómo la fiscalización migratoria puede afectar no solo a los inmigrantes, sino también a los empresarios y a los sectores económicos que dependen de su participación.
La expansión del programa también genera preocupaciones sobre la relación entre la policía y las comunidades inmigrantes. La posibilidad de que se produzcan intervenciones policiales motivadas por sospechas relacionadas con el origen o la apariencia de las personas puede contribuir a la pérdida de confianza en las instituciones de seguridad pública. Un episodio documentado por ProPublica ilustra esta problemática: Neal Secor, un empresario local de Ingram, vio cómo cuatro de sus empleados eran detenidos por la policía y entregados al ICE. Al cuestionar al alcalde, Secor señaló que solía conducir a 85 millas por hora en una carretera con un límite de 75 mph, sin haber sido detenido nunca por la policía. Su crítica se centraba precisamente en la diferencia entre el trato que él recibía y el que se aplicaba a sus empleados inmigrantes. Y aunque este episodio, por sí solo, no constituye una prueba de discriminación racial, pone de relieve dudas sobre la selectividad en la aplicación de la ley. Situaciones como esta pueden provocar que los inmigrantes teman acudir a las autoridades, incluso cuando necesitan ayuda o protección.
La percepción de la población estadounidense también refleja inquietudes respecto a los métodos empleados en las deportaciones. Según una encuesta realizada por el Center for Latin American and Latino Studies (CLALS) (Dados da Pesquisa Mostram Opiniões Mistas sobre Deportação Forçada | AULA Blog), en colaboración con YouGov, a 5000 votantes registrados a finales de septiembre de 2026, la principal preocupación respecto al enfoque actual de las deportaciones es la separación familiar, señalada por el 42,9 % de los encuestados. Además, el 50,2 % afirmó no confiar en que el ICE lleve a cabo las deportaciones de manera justa. Al ser consultados sobre alternativas a las expulsiones forzosas, el 39,1 % de los participantes respondió que la medida adecuada depende de las circunstancias individuales, mientras que el 36,8 % optó por el retorno voluntario asistido; solo el 4,7 % señaló la expulsión forzosa como la alternativa preferible. Otro dato relevante es que, tras ser informados de que los vuelos de deportación cuestan 6045 dólares por persona - más de siete veces el precio de un pasaje comercial -, el 62,3 % de los encuestados mostró un menor apoyo a la deportación forzosa. Por consiguiente, los resultados indican que tanto las preocupaciones humanitarias como las cuestiones relacionadas con los costos y la eficiencia de las operaciones influyen en la percepción de los votantes estadounidenses.
Ante este escenario, la expansión del programa 287(g) pone de manifiesto cómo la política migratoria estadounidense ha pasado a involucrar de manera más directa a las fuerzas de seguridad estatales y municipales. Sus efectos no se limitan al control migratorio, sino que afectan a las familias, las relaciones comunitarias, las actividades económicas y la confianza de la población en las instituciones públicas. Al mismo tiempo, los resultados de la encuesta de opinión demuestran que la preocupación por los métodos de deportación no implica necesariamente un rechazo a todas las expulsiones, sino que refleja una preferencia por alternativas que tengan en cuenta las circunstancias individuales y reduzcan los costos humanos y financieros.
Así, el debate sobre la política migratoria en Estados Unidos pone de manifiesto la tensión entre los objetivos de control del gobierno, los impactos sociales de su implementación y la necesidad de garantizar procedimientos transparentes y respetuosos de los derechos humanos.