El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha justificado la expansión de la Inteligencia Artificial (IA) en el control migratorio mediante un argumento recurrente: la máquina no toma ninguna decisión, ya que un agente humano siempre revisa los resultados antes de actuar. En un artículo publicado en Tech Policy Press, Emily Froude, de la organización Democracy Forward, sostiene que este argumento es una falacia, dado que el ser humano no puede evaluar el resultado generado por un algoritmo sin verse condicionado por él.
El Memorando M-25-21, de abril de 2025, exige salvaguardas para los usos de la IA considerados de "alto impacto", tales como evaluaciones sobre derechos civiles, el derecho a presentar recursos y la consulta pública. Sin embargo, el criterio establecido es que la IA constituya "la base principal" de la decisión, y es precisamente en este vacío legal donde se apoya el DHS. Según FedScoop, el DHS cuenta ya con más de 200 aplicaciones activas de IA - un incremento de casi el 37 % desde julio de 2025, impulsado principalmente por el ICE. De estas, 46 fueron consideradas inicialmente como de "alto impacto", pero posteriormente se determinó que no lo eran; muchas de ellas corresponden al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).
Dos casos ilustran el problema. Las torres de vigilancia autónomas de Anduril (una empresa estadounidense de tecnología de defensa e inteligencia artificial) deciden por sí solas qué detectar como una persona en la frontera, orientando así el despliegue de agentes armados. Por su parte, ELITE - una aplicación de Palantir utilizada por el ICE - asigna a cada objetivo de deportación una puntuación de 0 a 100 sobre la probabilidad de que su dirección sea correcta. Según un manual obtenido por 404 Media, los agentes indicaron que priorizan las áreas con una mayor densidad de objetivos. En la práctica, es el algoritmo el que determina dónde llamará a la puerta el ICE.
El riesgo de confiar ciegamente en la máquina ya se ha materializado. 404 Media reveló que Mobile Fortify, una aplicación de reconocimiento facial del ICE, identificó erróneamente a una mujer detenida en Oregón, arrojando dos nombres distintos, ambos incorrectos. Aun así, el ICE afirmó que el resultado de la aplicación constituye una determinación “definitiva” del estatus migratorio y que, de hecho, “debería ser más fiable que un certificado de nacimiento”. Cuando la propia institución considera que el algoritmo es infalible, la revisión humana se convierte en una mera formalidad.
Este aparato va más allá del ICE: 404 Media reveló que la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) llegó a consultar más de 80.000 cámaras de lectura de matrículas de la empresa Flock Safety en todo el país. Aunque el ICE no mantiene un contrato oficial con dicha compañía, el sistema accede a los datos de las cámaras y de los lectores automáticos de matrículas (ALPR) de forma indirecta, a través de colaboraciones con departamentos de policía locales y otras agencias asociadas. Al clasificar estas herramientas como de bajo impacto, el Estado anula los mecanismos que permitirían a los afectados impugnar las decisiones que les afectan. Así, el human-in-the-loop (es decir, la participación activa de un ser humano en la operación) deja de ser una garantía y pasa a funcionar como un escudo jurídico.
Por último, cabe destacar que clasificar correctamente estas herramientas no obligaría al DHS a abandonarlas, sino simplemente a cumplir con las normas que el propio gobierno estableció. Por tanto, lo que está en juego no es la existencia de la vigilancia automatizada, sino su sujeción a criterios mínimos de transparencia. Mientras la decisión algorítmica se presente como humana, la información sobre cómo el Estado vigila a los inmigrantes seguirá apareciendo solo “a cuentagotas”.
En última instancia, la expansión desenfrenada de la inteligencia artificial en la vigilancia migratoria revela una peligrosa inversión de roles: la tecnología deja de ser un instrumento de apoyo para convertirse en la verdadera arquitecta de las políticas fronterizas. Al transformar la supervisión humana en un mero trámite burocrático - un simple ‘sello de goma” -, el DHS compromete no solo los derechos fundamentales de los inmigrantes, sino también los principios básicos de la rendición de cuentas democrática.
