A principios de 2026, documentos publicados por los medios FWD.us y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) revelaron datos que mostraban que la segunda administración de Trump destinó más de 200 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Esta financiación amplió rápidamente los acuerdos del Grupo de Trabajo Modelo 287(g) entre ICE y las fuerzas policiales locales. Un registro financiero filtrado en marzo por el periodista Ken Klippenstein reveló que ICE continúa enviando dinero a agencias en todo el país, incluyendo, en algunos casos, pagos superiores a los prometidos en documentos públicos. Este registro mostró que ya se habían pagado o prometido 257 millones de dólares a 282 agencias policiales locales en todo Estados Unidos. Los estados de Florida y Texas concentran el mayor número de agencias locales que reciben estos recursos, con 71 y 54 agencias registradas, respectivamente.

Según estimaciones de FWD.us, basadas en el número de agencias inscritas en el programa de financiación prometido por ICE, el total podría alcanzar los 1,4 billones de dólares. Con estos mayores incentivos y la incorporación de muchas más agencias, el total podría ser aún mayor durante la administración Trump.

Como consecuencia de la financiación proporcionada por la administración Trump, el número de acuerdos del Modelo del Grupo de Trabajo 287(g) aumentó de 135 en enero de 2025, el primer mes del segundo mandato de Trump, a 1372 acuerdos en enero de 2026, lo que representa un incremento del 916 % en un año.

El modelo de grupo de trabajo 287(g) se estableció en 1996 después de que el Congreso de los Estados Unidos otorgó al Fiscal General de los Estados Unidos permiso para celebrar acuerdos directos con agencias policiales locales y estatales, delegando tareas relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración que anteriormente estaban restringidas a ICE a estas agencias, de conformidad con la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Entre los modos operativos del modelo de grupo de trabajo 287(g), ICE destaca tres modos operativos para las agencias locales relacionados con la aplicación de la ley de inmigración: (1) “Modelo de aplicación de la ley en prisiones”, que permite a los agentes identificar a los extranjeros deportables que se encuentran actualmente bajo custodia en su cárcel o centro de detención y que tienen cargos penales pendientes o en curso; (2) “Modelo de grupo de trabajo”, que permite a los agentes de la ley ejercer autoridad limitada en asuntos de inmigración mientras realizan tareas rutinarias de aplicación de la ley; (3) El “Programa de Oficiales de Ejecución de Órdenes Judiciales”, que proporciona capacitación, certificación y autorización del ICE para la ejecución de órdenes administrativas contra extranjeros en una agencia local específica.

Mediante esta operación, actualmente 77 millones de personas en Estados Unidos, aproximadamente el 32% de la población viven en áreas con agencias policiales que se han adherido al Modelo de Grupo de Trabajo 287(g). Por lo tanto, durante el segundo mandato de Trump, el Modelo de Grupo de Trabajo 287(g) se amplió y se utilizó como una fuerza de aplicación masiva de la ley, con el objetivo de aumentar el número de deportaciones realizadas por las agencias policiales, así como de incrementar el incentivo para la autodeportación. En un testimonio publicado por la ACLU, residentes locales informaron que, en Florida, la policía local interceptó a una paciente de cáncer de 22 años y ayudó a la Patrulla Fronteriza a arrestar a su padre mexicano, quien la llevaba a casa desde el hospital.

En resumen, al combinar la agenda de seguridad local con las exigencias del ICE, la Administración Trump superpuso exigencias locales, estatales y federales, concentrando a menudo recursos de otras áreas de seguridad en cuestiones de control migratorio, creando escenarios propicios para violacionesde los derechos civiles.