Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pretende impedir que los niños indocumentados accedan a la educación pública, según fuentes presentes en una reunión el mes pasado con legisladores de Texas en Washington (Stephen Miller Asks Why Texas Pays to Teach Undocumented Children - The New York Times).  Miller busca que los legisladores estatales aprueben varias leyes de inmigración conservadoras y cuestionó por qué la Legislatura de Texas, dominada por los republicanos, no aprobó el año pasado un proyecto de ley que habría financiado la educación pública únicamente para niños que fueran ciudadanos o que residieran legalmente en Estados Unidos.

Cabe destacar que esta decisión contradice el precedente de la Corte Suprema en el caso Plyler v. Doe de 1982, que determinó que los estados, independientemente del estatus migratorio del niño, deben garantizar el acceso a la educación primaria para todos los estudiantes. Por lo tanto, se desaconseja a las escuelas que recopilen información sobre el estatus migratorio de los estudiantes al momento de la inscripción.

Poner fin a la financiación pública de las escuelas para estudiantes indocumentados en Texas influiría en otros estados republicanos con grandes comunidades inmigrantes. Estudios realizados en Texas estiman que hay más de 100.000 estudiantes indocumentados en el estado (Stephen Miller Asks Why Texas Pays to Teach Undocumented Children - The New York Times).  Según otro estudio (Immigrant kids can attend school regardless of citizenship – some states are challenging this standard), aproximadamente 1,5 millones de menores de 18 años son inmigrantes indocumentados en el país. De estos, cerca de 700.000 son estudiantes matriculados en escuelas primarias y secundarias.

El representante estatal Ramón Romero, demócrata y presidente del Grupo Legislativo Mexicano-Estadounidense, declaró (Immigrant kids can attend school regardless of citizenship – some states are challenging this standard) que la reunión parecía formar parte de un “esfuerzo de la Casa Blanca para presionar a los legisladores a aprobar políticas migratorias extremas que no reflejan las necesidades de nuestro estado”. Además, un portavoz del gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró que “los ciudadanos estadounidenses deberían ser los primeros en tener acceso a los servicios públicos y no deberían verse obligados a asumir los costos de mantener a aquellos cuya entrada a este país comenzó con la violación de susleyes”. El propio gobernador ya se había pronunciado sobre su intención de impugnar la decisión en el caso Plyler contra Doe. Asimismo, en 2022 y en marzo de 2026, Mandy Drogin, directora de campaña del grupo de expertos conservador Texas Public Policy Foundation, se pronunció en contra de la decisión del caso Plyler en una audiencia del Congreso de los Estados Unidos.

Por lo tanto, muchos legisladores republicanos están intentando impugnar esta decisión de la Corte Suprema, que dificulta el acceso de los niños inmigrantes indocumentados a las escuelas públicas, dado que la decisión contribuyó a la educación de miles de niños en estados que no les permitían acceder a la educación. En 1975, Texas permitió cobrar tarifas a estudiantes indocumentados, pero en 1982, tras este caso, la Corte Suprema dictaminó que el estatus migratorio no justifica la negación de derechos a los residentes del país. Desde entonces, ningún estado puede prohibir la entrada, cobrar tarifas adicionales ni discriminar a estudiantes indocumentados en la educación pública básica. Sin embargo, ha habido intentos de restringir este derecho, como la Proposition 187 en California, que fue declarada inconstitucional en 1998. Además, en 2011, en Alabama, una ley exigía la recopilación del estatus migratorio de los estudiantes, lo cual fue declaradoilegal en 2012.

Recientemente, en 2025, al menos cinco estados de EE. UU. debatieron propuestas para dificultar el acceso de los estudiantes indocumentados a las escuelas primarias públicas (desde preescolar hasta el último año de secundaria), aunque ninguna se ha implementado de manera efectiva hasta la fecha. Entre estos estados se encuentran Tennessee, Ohio, Idaho, Texas y Nueva Jersey, entre otros.

Además, cabe destacar que el grupo The Heritage Foundation publicó en febrero un documento que anima a todos los estados a impugnar la decisión del caso Plyler contra Doe, argumentando que los inmigrantes indocumentados no deberían tener acceso a beneficios, ya que desvían recursos de los propios ciudadanos estadounidenses. Además, publicó un modelo de legislación que impugna la decisión del caso Plyler, el cual los legisladores estatales podrían seguir al redactar un nuevo proyecto de ley.

Si este movimiento se materializa, muchos jóvenes que viven en Estados Unidos podrían quedar excluidos del sistema educativo. Esto les impediría alcanzar su máximo potencial y les brindaría menos oportunidades para contribuir a la sociedad. Esta situación va más allá de una cuestión migratoria; se trata de un debate sobre derechos fundamentales y humanos. El derecho a la educación pública en Estados Unidos, considerado antes garantizado por muchos, ahora se revela vulnerable, especialmente ante estas presiones políticas que buscan redefinir quién debe tener acceso a ella.