Una evaluación secreta reciente realizada por el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, basado en el análisis de las 18 agencias de espionaje del país, concluyó que el gobierno de Venezuela no está detrás de una supuesta "invasión" estadounidense promovida por la pandilla Tren de Aragua. Esta conclusión entra en conmoción directa con las acusaciones públicas hechas por Donald Trump, quien justificó las deportaciones sumarias de inmigrantes venezolanos sospechosos de participar con el grupo basado en esta teoría, según el The Washington Post.

La controversia empeoró cuando el ex presidenteconvocó la ley antigua de los enemigos extranjeros de 1798 - que se usó por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para deportar presuntos miembros de pandillas sin el debido proceso de derecho. Estas deportaciones se hicieron a pesar de las órdenes judiciales que prohibían tales acciones, generando una fuerte tensión entre el ejecutivo y el poder judicial. Un juez federal llegó a advertir al gobierno por aparente desobediencia, clasificando la actitud como una afrenta a la Constitución Americana.

El documento de inteligencia, que tenía un apoyo casi unánime de las agencias, a excepción del FBI, señaló solo contactos esporádicos entre el grupo criminal y el régimen de Nicolás Maduro, sin evidencia de mando directo por parte del gobierno venezolano. Los expertos independientes confirmaron el análisis, argumentando que Tren de Aragua, surgió en los arrestos de Venezuela, se expandió como una organización descentralizada sin jerarquía rígida, más asociada con una "marca del crimen" que un aparato controlado por el estado.

A pesar de la evidencia contraria, Trump y los aliados continúan defendiendo la narración de que la deportación masiva es necesaria para la seguridad nacional. También acusan a los miembros de la comunidad de inteligencia a ser parte de un supuesto "estado profundo" alineado con la prensa para socavar sus políticas. Mientras tanto, los parlamentarios democráticos solicitan más transparencia sobre los datos de inteligencia, exigiendo explicaciones del uso de la ley como una justificación para medidas extremas.

El episodio revela una intensa disputa entre la política y la legalidad, donde el uso de leyes obsoletas, el choque con el poder judicial y la apelación a las teorías no probadas sirven como antecedentes de decisiones que afectan directamente los derechos de los inmigrantes y los fundamentos constitucionales de los Estados Unidos. En el centro de la controversia no se encuentra solo la verdad de las acusaciones contra el Tren de Aragua, sino la integridad de los mecanismos democráticos frente a las controvertidas acciones presidenciales.