En tan solo cinco meses en el cargo, la administración Trump ha impulsado un cambio drástico en la política exterior de Estados Unidos, con consecuencias especialmente preocupantes para la infraestructura humanitaria del país. El núcleo de esta reorientación es la propuesta de transformar la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado en un instrumento subordinado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), centrado en facilitar las deportaciones en lugar de proteger a las personas desplazadas y refugiadas. Este cambio, que implica la transferencia de los recursos financieros de la PRM a programas de deportación y “retorno voluntario” coordinados por el DHS, supone una profunda desviación de la tradición humanitaria estadounidense y representa una amenaza para los principios históricos de la asistencia a los refugiados, según un análisis de CEDA, una organización sin fines de lucro.

La ​​propuesta viola las disposiciones de la Ley de Migración y Asistencia a los Refugiados, que limita el uso de sus fondos al apoyo a los refugiados fuera de Estados Unidos. La asignación de recursos para acciones de expulsión coercitiva no solo contradice el espíritu de la legislación, sino que también rompe con décadas de prácticas humanitarias basadas en la protección y la búsqueda de soluciones duraderas para las personas desplazadas. La creación de una supuesta "Oficina de Remigración", articulada en el marco de esta reorganización, expone aún más la gravedad de la transformación en curso. El concepto de "remigración", asociado a discursos y prácticas de extrema derecha en Europa, introduce en la política estadounidense una retórica cargada de xenofobia y potencialmente legitimadora de procesos de exclusión que se acercan a lo que, en otras partes del mundo, se ha denunciado convencionalmente como limpieza étnica.

El proceso de desmantelamiento de la PRM no se limita a una reorientación presupuestaria. Ha venido acompañado de una reducción planificada de personal, lo que afecta directamente la capacidad técnica de la agencia para gestionar la asistencia humanitaria, ejercer la diplomacia especializada y cumplir con los compromisos internacionales de Estados Unidos. Esta reestructuración se está llevando a cabo de forma silenciosa y rápida, sin el debido debate legislativo ni la supervisión del Congreso, lo que compromete los mecanismos democráticos de control de las políticas públicas con alcance global, según el estudio.

Las consecuencias de este realineamiento son profundas. Al distorsionar el papel del PRM y subordinar el aparato humanitario a la maquinaria de deportación, el gobierno está debilitando uno de los instrumentos más importantes de la política exterior estadounidense para la estabilidad internacional. El riesgo inmediato es el colapso de programas vitales que apoyan a millones de personas en situaciones vulnerables en todo el mundo, desde refugiados rohinyá en Bangladesh hasta solicitantes de asilo venezolanos y refugiados sudaneses.

En términos más generales, el desmantelamiento de la infraestructura humanitaria representa el desmantelamiento de compromisos legales y morales de décadas de antigüedad, lo que amenaza no solo la reputación internacional de Estados Unidos, sino también su eficacia para responder a las crisis globales. En definitiva, es un revés que socava el papel del país como actor responsable en la protección de los derechos humanos y la promoción de la seguridad internacional.