La administración Trump ha estado articulando una movilización amplia y sin precedentes de la Guardia Nacional para actuar directamente en las operaciones de control migratorio en el interior de Estados Unidos, según un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revelado por la prensa. La propuesta, que está a la espera de la aprobación del Pentágono, implica el despliegue de hasta 20.000 soldados en tareas como operaciones de interdicción nocturna, transporte de detenidos y menores extranjeros no acompañados, control de disturbios en centros de detención y apoyo administrativo, incluyendo traducción y asistencia en entrevistas. Se trata de una medida sin precedentes en la historia reciente del país, que genera inquietudes sobre su fundamento legal y sus implicaciones políticas y sociales. La justificación oficial para la solicitud de estas tropas se basa en un discurso de seguridad pública, centrado en la detención y deportación de inmigrantes clasificados como delincuentes, incluyendo pandilleros y autores de delitos violentos. Sin embargo, el plan plantea varias controversias legales e institucionales, comenzando por la legalidad de desplegar fuerzas de la Guardia Nacional entre estados sin el consentimiento expreso de los gobernadores, además de los riesgos asociados con el uso militarizado de la aplicación de la ley migratoria en las autodeclaradas ciudades santuario. Estas ciudades, citadas por el DHS como objetivos prioritarios para las operaciones, aparecen en una lista publicada y posteriormente retirada por el propio gobierno ante la resistencia de líderes locales y organizaciones como la Asociación Nacional de Sheriffs, que criticó la falta de diálogo y la posible violación de las competencias estatales.

El contexto de este plan se enmarca en un escenario de intensificación de las acciones del DHS y el ICE, marcado por la presión de la Casa Blanca para acelerar los arrestos y por objetivos diarios de arrestos que ya han alcanzado cifras récord. Para lograr estos objetivos, el gobierno ha comenzado a movilizar agentes de otras agencias federales, ampliando el aparato dedicado a la represión migratoria y señalando un avance en la militarización de la política migratoria. La propuesta de involucrar a la Guardia Nacional en esta iniciativa representa, por lo tanto, un paso más en el proceso de integración entre las esferas de la seguridad pública y la inmigración, con posibles impactos en la relación entre el gobierno federal y los estados, en los derechos de los inmigrantes y en la cohesión social en un momento de fuerte polarización en el país. Esta medida refleja no solo una estrategia operativa, sino una reorientación del papel de las fuerzas armadas en el territorio nacional y de la propia lógica de la aplicación de las leyes migratorias, que ahora se rige por mecanismos de coerción a gran escala. Las implicaciones trascienden las fronteras del debate migratorio, alcanzando la esencia del equilibrio entre la seguridad y las libertades civiles, y desafiando los límites tradicionales de la acción militar en territorio estadounidense. Este cambio tiene el potencial de reconfigurar profundamente la dinámica entre el gobierno federal, los estados y las comunidades locales en lo que respecta al control migratorio y la protección de los derechos fundamentales.