El gobierno de Trump ha estado intensificando una política de utilizar datos personales de inmigrantes para fines de inspección de inmigración, en una acción coordinada que afecta a varias agencias federales y genera preocupación entre especialistas, funcionarios y defensores de los derechos civiles. La información proporcionada voluntariamente por los inmigrantes a lo largo de los años, como en los procesos populares de solicitud de vivienda o declaraciones fiscales, se movilizan de manera sin precedentes para ubicar y deportar potencialmente a las personas irregulares en los Estados Unidos, según la historia del The Washington Post.

En el centro de esta operación se encuentra el servicio DOGE, una estructura gubernamental interna creada para promover la eficiencia administrativa, pero que ha sido acusada de exceder los límites legales al acceder y compartir datos confidenciales. Uno de los centros de enfoque de la acción ha sido las casas de "estado mixto", compuesto por miembros con diferentes situaciones legales. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), por ejemplo, está elaborando medidas para bloquear a estas familias del acceso a casas subsidiadas, incluso si parte de los residentes tiene una elegibilidad total.

El esfuerzo se extiende al uso de bases de datos de la Administración del Seguro Social, donde se han insertado más de seis mil nombres de inmigrantes en los sistemas destinados a la verificación de la muerte, lo que compromete su capacidad para acceder a los beneficios o trabajar legalmente. El Departamento del Tesoro, a su vez, firmó acuerdos con el Departamento del DHS (DHS) para compartir datos fiscales para localizar a millones de inmigrantes sospechosos de ser irregulares.

Los funcionarios públicos expresaron incomodidad con cómo se utilizan los datos e informaron intentos de mediación interna para evitar el mal uso de la información confidencial. En algunos casos, como el Seguro Social, las órdenes judiciales eran necesarias para evitar el acceso del equipo de DOGE a los sistemas después de las acusaciones de mal uso de la información.

En este escenario, más de cincuenta parlamentarios democráticos de los Estados Unidos requirieron aclaraciones sobre una posible fuga de información confidencial que involucra al Consejo Nacional de Relaciones Laborales (NLRB). En carta dirigida a William Cowen, un asesor general interino de la agencia, los legisladores expresan su preocupación por las quejas de que los datos confidenciales de los trabajadores estadounidenses pueden haber sido comprometidos por las acciones del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE), una iniciativa vinculada al ex presidente Donald Trump, según NPR.

La preocupación fue motivada por las revelaciones hechas por Daniel Berulis, un administrador de la nube en el sector de TI de NLRB, quien le dijo a NPR que identificara prácticas alarmantes dentro de la agencia. Según él, los miembros de DOGE habrían requerido un acceso privilegiado a los sistemas NLRB sin ningún registro oficial, así como deshabilitar las herramientas de auditoría y de seguridad digital, mientras se transfirieron grandes volúmenes de datos.

La gravedad de la situación se intensifica frente a la sospecha de que estas acciones pueden haber expuesto investigaciones confidenciales, testimonios e incluso información estratégica de las empresas estadounidenses. Berulis sugiere que las prácticas pueden haber dejado el sistema vulnerable a los ataques cibernéticos y la explotación por parte de agentes extranjeros.

Además de los riesgos de seguridad, los parlamentarios plantean dudas sobre las razones de DOGE para acceder a los sistemas NLRB, ya que la misión declarada del departamento está restringida a la eficiencia administrativa y la reducción del gasto público. La carta también destaca posibles conflictos de intereses, especialmente con respecto al desempeño del empresario Elon Musk, designado por Trump como responsable del DOGE. Musk, que dirige a las empresas actualmente investigadas por NLRB, como Tesla y SpaceX, podría beneficiarse de la información privilegiada.

La NLRB, a su vez, niega cualquier visita oficial de DOGE en marzo, además de proporcionar acceso a sus sistemas. La agencia afirma haber realizado una revisión interna después de las alertas de Berulis y concluyó que no hubo violación. Aún así, el demandante insiste en que su evidencia forense justifica una investigación externa más sólida.

Este episodio se suma a una serie de otras quejas contra DOGE, como las mencionadas inicialmente. Acusado de la mala gestión de datos en varios casos del gobierno federal, los debates sobre la transparencia, la seguridad de los datos y la politización de las instituciones públicas en un contexto de creciente polarización en los Estados Unidos aumentan.