En los últimos años, Estados Unidos ha tratado de revitalizar su base industrial a través de políticas públicas más ambiciosas, como los CHIPS and Science Act y Inflation Reduction Act, centrada en la reindustrialización y la competitividad tecnológica. Sin embargo, este esfuerzo ha encontrado un desafío estructural: la falta de trabajo calificado. Este desafío, que está siendo agravado por las políticas del segundo mandato de Donald Trump, está estrechamente vinculado a las crecientes restricciones impuestas a la inmigración legal y al endurecimiento de la política migratoria en los Estados Unidos. Por lo tanto, el texto dibuja breves consideraciones de cómo tales restricciones migratorias afectan directamente la efectividad de la política industrial estadounidense.

La retórica contra la inmigración de Donald Trump revela una posible paradoja entre las necesidades económicas de los Estados Unidos con sus políticas fácticas. El presidente, desde su candidatura, ataca la inmigración y los inmigrantes, no comprende uno de los principales problemas de su país y utiliza discursos xenófobos que eliminan las posibles soluciones. Los trabajadores latinoamericanos son vistos como fundamentales para la operación de la economía estadounidense por muchos expertos, ocupando puestos a menudo rechazados por trabajadores nativos, y son eliminados y expulsados ​​cada vez más durante el segundo mandato del presidente republicano.

La escasez de trabajo calificado que enfrenta los Estados Unidos, que desde el final de la pandemia en 2022, ha registrado una vacante de casi 3.5 millones de trabajadores estadounidenses, se ha vuelto evidente. Esto ha resultado en un escenario en el que el número de aperturas de trabajo excede el número de personas dispuestas a ocuparlas, aunque no afectan a todos los sectores de empleo por igual. Este déficit afectó, sobre todo, a los sectores de construcción, el cuidado personal, la logística y la tecnología, las áreas estratégicas para la ejecución de la política industrial. Esta insuficiencia de los trabajadores tiene aún más dependencia de los Estados Unidos en la mano de obra extranjera.

La hostilidad a los inmigrantes ha eliminado los profesionales calificados del mercado laboral estadounidense, especialmente en los sectores de atención y hospitalidad. Además, la dificultad de obtener visas de trabajo (como H-1B) y las incertidumbres con respecto al estado migratorio hacen que el país sea menos atractivo para los talentos extranjeros. Esto disminuye la disponibilidad de profesionales con habilidades técnicas especializadas y causa obstáculos para la ejecución de proyectos industriales y tecnológicos, lo que dificulta aún más los planes de desarrollo económico interno doméstico. En el sector tecnológico, por ejemplo, la exclusión de los trabajadores extranjeros amenaza la capacidad innovadora de las empresas estadounidenses. La escasez de ingenieros, programadores y expertos técnicos compromete los objetivos de expandir la producción nacional, especialmente en áreas de alta complejidad, como semiconductores, inteligencia artificial y energía renovable.

Al desalentar la entrada de trabajadores extranjeros y obstaculizar la permanencia de profesionales calificados, Estados Unidos compromete su capacidad para innovar, su productividad industrial y su competitividad global. Por lo tanto, es evidente que la política migratoria restrictiva adoptada en los Estados Unidos, especialmente bajo el segundo término de Donald Trump, choca con los objetivos estratégicos de la política industrial estadounidense. El intento de reindustrialización, a través de iniciativas gubernamentales, requiere no solo inversiones financieras e incentivos fiscales, sino especialmente una base de capital humano, algo que, en el escenario actual, solo puede suministrarse con una política migratoria coherente y funcional.