Los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos estuvieron profundamente marcados por una agresiva agenda migratoria, que transformó tanto la política como la práctica del control migratorio en el país. Al asumir el cargo, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que no sólo buscaban frenar la inmigración irregular, sino que también afectaron los flujos legales. Entre las acciones anunciadas se encuentran medidas controvertidas, como los planes de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento y enviar a los migrantes a una prisión en El Salvador, que terminaron enfrentando resistencia legal pero aún así cambiaron significativamente el sistema de inmigración.

Las cifras publicadas por el gobierno son impresionantes: alrededor de 139.000 personas fueron deportadas en esos primeros 100 días, mientras que los cruces ilegales en la frontera suroeste se desplomaron. En marzo se registraron solo 7.181 encuentros con migrantes en la frontera, una caída significativa en comparación con los más de 137.000 del mismo mes del año anterior. Trump, entusiasmado con los resultados, declaró que pretende superar los récords de gobiernos anteriores, como el de Joe Biden, quien deportó a 1,5 millones de personas en su primer mandato.

El aparato represivo también se amplió. El gobierno informó que detuvo a 158.000 migrantes indocumentados en ese período inicial, incluidos más de 2.200 presuntos miembros de bandas violentas como el venezolano “Tren de Aragua” y las centroamericanas “MS-13” y “Barrio 18”. ICE, el principal brazo de control de inmigración, jugó un papel clave, arrestando y procesando a unas 66.000 personas, tres cuartas partes de las cuales tenían antecedentes penales, incluidas 1.300 por delitos sexuales y casi 500 por asesinato.

A pesar de estas sólidas cifras, las acciones del gobierno han provocado duras críticas. Expertos jurídicos y organizaciones de derechos humanos han señalado violaciones al debido proceso y falta de respeto a las decisiones judiciales. Un caso emblemático ocurrió cuando la Corte Suprema ordenó al gobierno facilitar el regreso de Kilmar Abrego García, ciudadano salvadoreño que fue deportado ilegalmente a pesar de tener una orden judicial para permanecer en Estados Unidos debido al riesgo de persecución. Hasta el momento, tanto Trump como el gobierno salvadoreño han ignorado la decisión.

Trump no oculta su frustración por las limitaciones judiciales. Recientemente criticó a los tribunales por lo que dice están obstaculizando el progreso de las deportaciones, argumentando que los largos procesos legales hacen del país un lugar peligroso. En los próximos meses, la Casa Blanca ha prometido intensificar aún más la represión: los migrantes detenidos serán enviados a la base militar de Fort Bliss, en Texas, y franjas de tierra en el suroeste del país están siendo entregadas al control militar, convirtiendo los cruces no autorizados en delitos federales.

A pesar de la retórica grandilocuente, las cifras hasta ahora sitúan a Trump detrás de presidentes anteriores en términos absolutos de deportaciones. Durante su primer mandato, hubo 3,13 millones, ligeramente por debajo de los 3,16 millones de Obama y muy por detrás de los 4,44 millones deportados por Biden en solo dos años (2021 y 2022). Aun así, el gobierno insiste en que las comparaciones no son directas, ya que el volumen de intentos de entrada ha disminuido considerablemente bajo sus nuevas políticas.