En los últimos meses, la administración Trump ha implementado medidas restrictivas contra la libertad de prensa en Estados Unidos. Entre las medidas impuestas a periodistas estadounidenses y extranjeros se encuentran las demandas aduaneras y las limitaciones a la presencia de medios de comunicación en espacios gubernamentales y otros lugares importantes. Según Clayton Weimers, director ejecutivo de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Donald Trump intenta controlar la narrativa política restringiendo el acceso de la prensa a espacios cruciales para la toma de decisiones, utilizando medidas abstractas para evitar la transparencia y la rendición de cuentas, lo que socava la libertad de prensa.

Entre las medidas aplicadas a personas, destacan la detención de periodistas ciudadanos estadounidenses y la restricción de entrada al país para periodistas extranjeros. Al menos dos periodistas que cubrían temas relacionados con la inmigración para medios de comunicación en español fueron detenidos y puestos bajo custodia en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Estefany Rodríguez y Mario Guevara, quienes, según las autoridades, se encontraban legalmente en Estados Unidos, fueron deportados a sus países de origen, Colombia y El Salvador, respectivamente.

En junio del año pasado, agentes del ICE negaron la entrada al escritor australiano Alistair Kitchen después de que funcionarios fronterizos revisaran su teléfono y lo interrogaran sobre su postura respecto al conflicto entre Israel y los grupos armados en la Franja de Gaza, dado que el escritor había publicado previamente artículos sobre protestas estudiantiles en universidades de su país en la plataforma Substack.

Las protestas estudiantiles, que tuvieron lugar al inicio de la administración Trump en 2025, también fueron objeto de medidas judiciales que restringieron la realización de estas manifestaciones. La Orden Ejecutiva No. 13,899, firmada en enero del año pasado, indicaba el uso de "todas las herramientas legales disponibles y apropiadas" por parte del gobierno federal para procesar, expulsar y deportar a aquellos que, según la orden, eran estudiantes inmigrantes legales involucrados en lo que Washington denominó "acoso ilegal y violencia antisemita".

Además de negar la entrada a periodistas extranjeros en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha propuesto cambios en la emisión de futuras visas para periodistas extranjeros, la visa "Tipo 1". Esta nueva propuesta permitiría a los periodistas extranjeros ingresar por hasta 240 días, con la excepción de solo 90 días para aquellos con ciudadanía china, reduciendo así la duración de la estadía de los corresponsales de medios de comunicación internacionales en Estados Unidos.

Entre las limitaciones a la presencia de medios de comunicación en espacios gubernamentales, en octubre de 2025, la Administración Trump anunció restricciones para los periodistas que trabajan dentro de la Casa Blanca. Las nuevas medidas impidieron que los periodistas accedieran a las oficinas del segundo piso de la Oficina de Prensa de la Casa Blanca, un lugar donde anteriormente tenían cierto acceso para hablar con funcionarios de la Casa Blanca. Asimismo, en octubre del año pasado, dos reporteros del Capital News Service (CNS) se vieron obligados a abandonar el Tribunal de Inmigración de Hyattsville (Maryland) hasta que recibieran autorización del gobierno federal para asistir a las audiencias. Posteriormente, las autoridades federales revocaron la decisión, alegando que las audiencias de inmigración son públicas y accesiblesa la prensa.

En mayo pasado, Trump propuso que los empleados federales firmaran acuerdos de confidencialidad para evitar filtraciones y la divulgación de información clasificada de la Casa Blanca y otras instituciones gubernamentales. Esto buscaba evitar la filtración de documentos a la prensa, lo que compromete la continuidad y, a menudo, el secreto de la agenda de instituciones gubernamentales como ICE. Según MC Pinover, representante de la Oficina de Gestión de Personal de EE. UU. (OPM), en un correo electrónico enviado a Reuters, "esta medida se centra en la preocupación de que la publicación no autorizada de información gubernamental sensible esté perjudicando las operaciones de las instituciones y socavando la confianza en el gobierno federal".

Ante el escenario descrito, resulta evidente que la administración Trump ha implementado una serie de medidas sistemáticas que restringen la libertad de prensa en Estados Unidos, operando tanto a nivel individual como institucional. A nivel individual, las acciones de control se manifiestan severamente a través de procedimientos legales en aduanas, detenciones y deportaciones de periodistas legales, como en los casos de Estefany Rodríguez y Mario Guevara, así como el interrogatorio y la denegación de entrada a escritores extranjeros motivados por sus publicaciones ideológicas, como Alistair Kitchen. Esta política de control migratorio e ideológico también se extiende a las visas de "Tipo 1", cuya propuesta de reducción de la duración de la estadía de corresponsales internacionales limita la cobertura periodística extranjera en el país.

Paralelamente, el gobierno actúa para limitar física e institucionalmente el trabajo de la prensa en territorio nacional. Esto se evidencia en las restricciones de acceso a espacios gubernamentales clave, como las oficinas del Secretario de Prensa en la Casa Blanca, y en los intentos de exclusión en los tribunales de inmigración, reduciendo los espacios de tránsito para los reporteros. Finalmente, la reciente imposición de acuerdos de confidencialidad para los empleados federales, justificada por el gobierno como una necesidad para proteger operaciones sensibles y prevenir la filtración de información de agencias como ICE, consolida un cerco que dificulta que los documentos lleguen a los medios de comunicación.

En resumen, el gobierno utiliza herramientas legales, administrativas y migratorias para restringir el acceso de los profesionales de la comunicación a su trabajo, lo cual, como señala Reporteros Sin Fronteras, reduce la transparencia pública y elude la debida rendición de cuentas de las instituciones gubernamentales.