La decisión del gobierno de Estados Unidos de ampliar el uso de dispositivos de monitoreo electrónico para inmigrantes sujetos al programa Alternatives to Detention (ATD) ha abierto un nuevo frente de controversia respecto a los límites de la política migratoria del país.

En junio de 2026, un grupo de solicitantes de asilo demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) argumentando que la agencia había comenzado a imponer dispositivos de rastreo de manera generalizada, sin una evaluación individual adecuada de la necesidad y proporcionalidad de la medida. De esta forma, la circunstancia causa un daño innecesario a quienes intentan permanecer legalmente en el país.

El punto central de la controversia radica en el cambio de lógica que guía su aplicación. Durante años, el uso de tobilleras electrónicas y otros dispositivos de rastreo se presentó como una alternativa menos restrictiva a la detención física. Sin embargo, la nueva política parece indicar una ampliación de la vigilancia sobre personas que, en muchos casos, ya cumplían regularmente con las condiciones impuestas por el gobierno. En este sentido, el proceso judicial representa una disputa sobre la legalidad de una política administrativa y un cuestionamiento del alcance de la capacidad del Estado para ampliar los mecanismos de control sobre individuos sin que se haya producido ningún cambio concreto en su estatus migratorio.

De la alternativa a la detención a la ampliación de la vigilancia

El programa ATD se concibió como una forma de monitorear a los inmigrantes involucrados en procesos migratorios sin someterlos necesariamente a detención física. La propuesta, al menos en su formulación original, tenía una dimensión pragmática y humanitaria: las personas que no representaban un riesgo para la seguridad pública ni un alto riesgo de fuga podían permanecer en sus comunidades mientras esperaban sus procedimientos ante el Tribunal de Inmigración.

Los datos recopilados por el National Immigration Forum ayudan a comprender por qué el monitoreo electrónico ganó terreno en esta estructura. En 2018, más de 38 mil inmigrantes utilizaban tobilleras electrónicas, lo que representa aproximadamente el 45 % de los participantes en el principal programa alternativo a la detención del ICE, el Intensive Supervision Appearance Program (ISAP). La misma encuesta indicó que la detención de inmigrantes costaba, en promedio, más de 200 dólares estadounidenses por persona al día, mientras que los programas de supervisión comunitaria y monitoreo electrónico podían costar solo unos pocos dólares al día. Además, los programas alternativos a la detención mostraron tasas de asistencia a audiencias superiores al 90 % en diversos contextos.

La lógica económica, por lo tanto, contribuyó a consolidar el monitoreo electrónico como una alternativa a la costosa infraestructura de detención de inmigrantes. Sin embargo, la reciente expansión modifica sustancialmente esta relación. Según documentos relacionadoscon el caso y un informe de Bloomberg, el número de personas que utilizan dispositivos de monitoreo electrónico aumentó de aproximadamente 17.000 a casi 50.000 tras la adopción de las nuevas directrices del ICE. Al mismo tiempo, el número total de participantes en el programa de alternativas a la detención se mantuvo relativamente estable. Estos datos son particularmente relevantes. Si bien el número total de personas bajo vigilancia no aumentó proporcionalmente, el número de personas que debían usar dispositivos de rastreo físico creció notablemente, y este fenómeno no parece ser simplemente una respuesta a una mayor necesidad de control. Posiblemente se trate de un cambio en la intensidad de la vigilancia aplicada a personas que ya estaban incluidas en los mecanismos de monitoreo estatal. Es precisamente esta transformación la que subyace a la acción legal. Los autores argumentan que el ICE ha abandonado la evaluación individualizada que históricamente debería haber determinado las condiciones para la liberación y ha adoptado una política prácticamente automática de intensificación de la vigilancia. En la práctica, el uso del GPS deja de ser una medida excepcional vinculada a circunstancias específicas y se convierte en una condición estandarizada para un número mucho mayor de personas.

La política detrás de las cifras: el momento en que el control se convierte en una experiencia cotidiana

La dimensión humana de este cambio se manifiesta con mayor claridad en los relatos de personas sometidas a vigilancia. Un informe del SahanJournal sigue el caso de una solicitante de asilo identificada con el seudónimo de Yolanda, quien había cumplido con los requisitos del ISAP durante aproximadamente una década. Inicialmente, su vigilancia se realizaba mediante llamadas telefónicas mensuales. Posteriormente, comenzó a enviar fotografías a través de una aplicación y, más tarde, se le exigió asistir al programa en persona con mayor frecuencia. A pesar de su historial de cumplimiento de los requisitos, fue sometida al uso de un brazalete electrónico en el tobillo.

El informe también describe un episodio en el que Yolanda y sus dos hijos fueron detenidos durante horas mientras asistían a una cita relacionada con el programa de supervisión. Aunque fueron liberados después de que las autoridades verificaran la existencia de una solicitud de asilo pendiente, la consecuencia inmediata fue la imposición del dispositivo de monitoreo.

El relato expone la asimetría existente entre la experiencia del Estado y la experiencia del individuo. Para las autoridades, la tobillera electrónica puede parecer una herramienta administrativa de control. Para la persona que la usa, sin embargo, la medida modifica su relación con el espacio público, con el trabajo y con su propia familia. La incertidumbre sobre los motivos para imponer el dispositivo (y sobre el tiempo durante el cual debe usarse) también contribuye a que el monitoreo se convierta en una experiencia permanente de inseguridad.

Esta dimensión no es nueva. El National Immigration Forum  ya había documentado que las personas sometidas a monitoreo electrónico reportaban impactos físicos y psicológicos, incluyendo inflamación, dolor, sangrado, lesiones, entumecimiento y angustia emocional. El documento también resalta la dimensión simbólica del brazalete electrónico: los inmigrantes centroamericanos a menudo se refieren a estos dispositivos como "grilletes" o "esposas".

Desde esta perspectiva, la asociación entre el monitoreo electrónico y la delincuencia también tiene consecuencias materiales: según la misma encuesta, las personas autorizadas a trabajar pueden enfrentar dificultades para obtener o mantener empleos debido al estigma asociado con el brazalete electrónico.

Condiciones como las restricciones geográficas, las visitas domiciliarias sin previo aviso, los toques de queda y las averías de los equipos técnicos pueden dificultar el mantenimiento de una rutina profesional. En un caso documentado, un solicitante de asilo perdió su trabajo después de que un mensaje automático del dispositivo se activara delante de su empleador. La situación resulta particularmente contradictoria cuando se aplica a personas autorizadas a trabajar y que no han sido condenadas por ningún delito. En este contexto, la política genera una forma de castigo social sin necesidad de una condena penal que la justifique. El dispositivo comunica públicamente una sospecha que puede no corresponderse con la trayectoria o la situación legal del individuo.

El problema de la proporcionalidad y el consentimiento

Uno de los principales puntos de controversia reside en la idea de que la vigilancia electrónica es una medida consensuada. El lenguaje institucional del gobierno suele describir a los participantes del programa como personas que han "consentido" algún tipo de vigilancia a cambio de no ser detenidas.

Sin embargo, esta interpretación resulta cuestionable al considerar la situación concreta de los solicitantes de asilo. La posibilidad de elegir entre una forma de vigilancia y la detención no constituye necesariamente una elección libre, especialmente cuando la persona se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad legal y económica. El inmigrante puede aceptar formalmente participar en un programa, pero esto no significa que tenga verdadera libertad para negociar el tipo, la intensidad o la duración del monitoreo.

El problema se hace aún más evidente cuando la persona ya ha estado cumpliendo con los requisitos impuestos por el ICE. En estos casos, la imposición de una medida más invasiva no necesariamente se debe a un cambio de comportamiento. La denuncia presentada por los propios solicitantes argumenta que muchos de ellos no han experimentado ningún cambio en sus circunstancias que justifique el endurecimiento de las condiciones para su liberación.

Este tema es fundamental en el debate sobre la proporcionalidad. El uso de un brazalete GPS permite monitorear la ubicación y los movimientos de la persona en tiempo real. Además, los dispositivos pueden emitir alertas si se retiran, se dañan o se sacan de un área determinada. Por lo tanto, la capacidad de rastreo representa una intrusión significativamente mayor en la vida cotidiana que mecanismos menos invasivos, como las llamadas telefónicas o las aplicaciones de comunicación.

La evolución tecnológica del programa demuestra que existen alternativas menos intrusivas. Austin Kocher, investigador que sigue de cerca la política de vigilancia electrónica del ICE, señala que la agencia utiliza diversas tecnologías, como llamadas telefónicas, aplicaciones para teléfonos inteligentes, dispositivos GPS instalados en el tobillo y dispositivos de muñeca. Según su análisis, la aplicación SmartLINK, utilizada para el reconocimiento facial y la geolocalización, llegó a un número mucho mayor de personas que las pulseras GPS de tobillo.

La diferencia radica en una decisión política sobre el grado de intrusión considerado aceptable. Una aplicación de vigilancia puede ser criticada por sus propias implicaciones para la privacidad, pero la pulsera física de tobillo añade una dimensión corporal, visible y socialmente estigmatizante a la vigilancia digital. Por esta razón, la adopción de un dispositivo más invasivo debería, en principio, estar vinculada a una justificación concreta. Cuando esta justificación desaparece y la vigilancia se generaliza, la tecnología deja de funcionar simplemente como una herramienta de supervisión y comienza a representar una expansión estructural del poder de control del Estado.

La dimensión económica de la expansión: cuando las empresas privadas se benefician del aumento de la vigilancia migratoria

El debate sobre estos dispositivos también tiene una dimensión económica ineludible. La expansión del monitoreo electrónico se produce dentro de un sistema en el que empresas privadas participan directamente en la administración de programas de vigilancia migratoria. Bloomberg destaca la participación de BI Incorporated, filial de GEO Group, en la administración del ISAP. El informe también señala que los dispositivos de monitoreo físico representan una actividad con mayor margen de beneficio para la empresa que tecnologías como SmartLINK. Según se informa, GEO Group comunicó a sus inversores su preparación para un posible aumento en la demanda de tobilleras electrónicas. Esta dinámica genera el siguiente incentivo económico: a mayor número de personas sometidas a dispositivos de monitoreo físico, mayor es la demanda de equipos, infraestructura, mantenimiento y servicios relacionados. De este modo, la política migratoria comienza a generar efectos financieros para las empresas privadas involucradas en la ejecución de la vigilancia.

Cuando una política pública de control migratorio se implementa mediante contratos privados e implica un aumento significativo en la demanda de un determinado tipo de equipo, resulta necesario examinar con mayor rigor los incentivos que subyacen a esta relación. Kocher llama la atención precisamente sobre esta dimensión al analizar la expansión de los dispositivos físicos y el papel del GEO Group. En su opinión, la política podría representar un giro hacia tecnologías más costosas e invasivas, incluso cuando alternativas menos costosas y menos restrictivas ya han demostrado su capacidad para garantizar altos niveles de cumplimiento de los requisitos migratorios.

La contradicción es evidente: si el objetivo declarado del programa es asegurar que los inmigrantes asistan a las audiencias y cumplan con las resoluciones administrativas, la imposición de dispositivos más invasivos no parece necesariamente estar acompañada de una necesidad proporcional. Cuando una tecnología más costosa e intrusiva reemplaza mecanismos más baratos y menos restrictivos sin un cambio correspondiente en el comportamiento de las personas supervisadas, la expansión requiere una justificación pública más sólida.

El dilema humanitario de una política de control

El debate sobre el monitoreo electrónico debe ir más allá de una oposición simplista entre "detención" y "libertad". Un brazalete electrónico puede, de hecho, ser menos restrictivo que el encarcelamiento físico. Esta comparación, sin embargo, no debería dar por concluido el debate. La cuestión fundamental es si la existencia de una alternativa peor, como la detención, convierte automáticamente cualquier medida menos severa en una política humanitaria. La respuesta no debería ser afirmativa. Una política puede ser menos perjudicial que la detención y aun así producir daños físicos, psicológicos, económicos y sociales significativos.

El propio National Immigration Forum, si bien reconoce que el monitoreo electrónico puede ser menos restrictivo que la detención y tener altas tasas de asistencia a las audiencias, expresa preocupaciones pertinentes sobre los efectos físicos, el estigma social, las dificultades en el mercado laboral y la privacidad de los datos recopilados. La organización también destaca la falta de transparencia respecto al uso de la información obtenida por el ICE, quién podía acceder a ella y durante cuánto tiempo se almacenaría.

Este último aspecto cobra especial relevancia en un contexto de expansión de las tecnologías de vigilancia. La recopilación de datos de ubicación en tiempo real crea un registro detallado de los movimientos y la rutina de una persona. Cuando este tipo de recopilación de datos se extiende a decenas de miles de personas, surge una cuestión política y jurídica: ¿cuáles son los límites para transformar comunidades enteras en poblaciones permanentemente vigiladas?

El caso de los solicitantes de asilo pone de manifiesto esta tensión: muchas de las personas afectadas no están acusadas de ningún delito, tienen permisos de trabajo, han establecido familias en el país y ya han demostrado, en diversos grados, el cumplimiento de los requisitos impuestos por el sistema de inmigración. Sin embargo, pueden terminar portando un dispositivo que las asocia públicamente con la criminalidad y restringe su libertad de movimiento.

Por lo tanto, las políticas deben analizarse no solo en función del número de personas que asisten a las audiencias, sino también del costo humano que implica lograr ese resultado. Un alto índice de cumplimiento no elimina automáticamente los impactos causados ​​por una forma de vigilancia que puede ser desproporcionada, estigmatizante e impuesta sin justificación individualizada.

Una disputa sobre el futuro de la política migratoria

La demanda contra el ICE representa, en última instancia, una disputa sobre el rumbo que pretende tomar la política migratoria estadounidense. Por un lado, existe la posibilidad de desarrollar sistemas de vigilancia menos costosos e invasivos, capaces de garantizar la asistencia a los trámites migratorios sin convertir el cuerpo del individuo en una plataforma de rastreo permanente.

Por otro lado, la expansión del uso de tobilleras electrónicas y dispositivos físicos indica una preferencia por formas de control más visibles e intensas. Esta elección no es neutral. Parece comunicar una concepción particular de la relación entre el Estado y los inmigrantes: en lugar de tratar al solicitante de asilo como un individuo que espera el análisis de su solicitud legal, se le trata principalmente como alguien que necesita ser monitoreado permanentemente.

Estados Unidos somete a muchas de estas personas a mecanismos de control que pueden producir consecuencias similares a las de un castigo penal. Una persona que huye de la persecución, la violencia o las amenazas puede encontrarse, al llegar a su país de destino, con un sistema que la rastrea mediante GPS, restringe su movilidad y la expone públicamente al estigma de un dispositivo asociado con la criminalidad.

Por lo tanto, el debate no debe reducirse a la cuestión de si un brazalete electrónico es mejor o peor que una celda. La pregunta más importante es otra: ¿qué nivel de vigilancia es realmente necesario para lograr un objetivo legítimo y qué límites deben imponerse al Estado cuando la persona vigilada no ha demostrado, con su comportamiento, la necesidad de intensificar el control?

La acción legal interpuesta por los solicitantes de asilo sitúa esta cuestión en el centro del debate. Al impugnar la expansión automática del monitoreo electrónico, los autores cuestionan la idea de que la eficiencia administrativa pueda sustituir la evaluación individual. La pregunta, por lo tanto, no es solo si el ICE puede vigilar, sino si puede extender este monitoreo de forma generalizada, transformando una medida que debería ser excepcional en una condición casi normal de la experiencia migratoria.

La respuesta exige reconocer que la gestión de fronteras no se desarrolla en un espacio separado de los derechos humanos. La búsqueda del control migratorio no elimina la necesidad de proporcionalidad, transparencia y respeto a la dignidad de las personas sometidas al sistema.

Cuando la tecnología deja de utilizarse para reducir la detención y comienza a ampliar la vigilancia sobre personas que ya cumplen los requisitos del Estado, la llamada "alternativa a la detención" corre el riesgo de convertirse en algo diferente: no una alternativa al encarcelamiento, sino una forma de control más amplia y cotidiana sobre la vida de los migrantes.