El segundo gobierno de Donald Trump es ampliamente conocido por su severa y explícita persecución de inmigrantes, especialmente latinoamericanos. Existen numerosas pruebas de ello, como lo demuestran los múltiples cambios judiciales implementados para cumplir la promesa de deportación masiva declarada durante sus campañas electorales.

El periódico estadounidense The Washington Post publicó este mes una serie de datos sobre inmigración en el país, que generaron descontento respecto a la legitimidad de los tribunales deinmigración.

En este sentido, se señaló que el 67% de los nuevos jueces contratados para atender la alta demanda de casos de inmigración carecen de experiencia legal calificada en esta área. La esencia de este cargo radica en presidir audiencias para determinar la expulsión de personas y su elegibilidad para beneficios de protección, como el asilo. Con autoridad para decidir el destino legal de los inmigrantes, estos funcionarios emiten resoluciones finales sobre la residencia permanente o la deportación y tienen la facultad de reconsiderar las decisiones de custodia, permitiendo la liberación de los detenidos tras el pago de una fianza.

La motivación para renovar los nombramientos de jueces se basó en reemplazar a los simples jueces de inmigración por "jueces de deportación", como se les ha denominado. De esta manera, la transición de Trump busca, en realidad, alinear ideológicamente los tribunales con la agenda de deportación del gobierno. Sin embargo, esta designación es inexistente y constituye información errónea, ya que la función de un juez presupone un juicio justo basado en los hechos y las leyes, no una resolución predeterminada. Desde esta perspectiva, la medida busca transformar los tribunales de inmigración en meras "fábricas de deportación", donde se ignoran el debido proceso y el análisis individualizado de los casos humanitarios debido a las ideologías republicanas antiinmigrantes, alineadas con la ultraderecha estadounidense.

Desde esta perspectiva, los inmigrantes son vulnerables a decisiones legales injustas, que pueden resultar en prisión, deportación o separación familiar, ya que la pericia técnica debería ser un requisito fundamental para los jueces. Además de la falta de orientación previa, el período de capacitación se ha reducido de cinco a tres semanas, lo que demuestra, una vez más, el desinterés y la falta de respeto del presidente hacia los inmigrantes.

La reorganización interna de los tribunales de inmigración refleja, por lo tanto, un intento estratégico de alinear el sistema judicial con la agenda gubernamental de deportaciones masivas, sustituyendo la imparcialidad técnica. Esta situación se agrava por el hecho de que más del 75 % de los 140 nuevos jueces nunca han trabajado con derecho migratorio a lo largo de su trayectoria profesional, lo que compromete la función esencial del cargo. En consecuencia, esta transición institucional deja a miles de personas expuestas a decisiones arbitrarias que resultan en arrestos, deportaciones y separaciones familiares.