1 INTRODUCCIÓN

La política migratoria de la administración Trump se ha convertido en uno de los pilares centrales de su estrategia gubernamental y electoral, articulando mecanismos represivos y discursos de seguridad para construir legitimidad política. Diversos estudios indican que, desde el primer mandato, la inmigración se ha tratado no solo como un asunto administrativo, sino como un instrumento de movilización electoral, especialmente entre sectores conservadores que asocian la migración con amenazas económicas y criminales.

Algunas medidas, como la ampliación de las detenciones por parte del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), el restablecimiento de las deportaciones aceleradas y el despliegue de tropas federales en las llamadas "ciudades santuario", ejemplifican este movimiento. Artículos de Associated Press y CBS News muestran que, en los últimos meses, el Ejecutivo federal ha intensificado las operaciones en estados gobernados por demócratas, generando conflictos con las autoridades locales y abriendo disputas legales sobre la constitucionalidad de estas intervenciones. Además, activistas de derechos humanos han documentado la separación de familias, la deportación sumaria de solicitantes de asilo e informes de detenciones prolongadas en condiciones degradantes: impactos directos de una política migratoria basada en la lógica de la disuasión punitiva.

Consideramos que, desde un punto de vista discursivo, el gobierno moviliza narrativas basadas en el miedo y la inseguridad. Se observa que, en declaraciones oficiales, Trump y miembros de su gabinete asocian a los inmigrantes con un aumento de la delincuencia y el terrorismo, incluso cuando los datos federales no corroboran esta relación. Investigaciones publicadas por institutos y corporaciones, como el FBI y el Cato Institute (2023–2025), indican que los inmigrantes, con o sin documentación, no presentan mayores tasas de participación en delitos violentos en comparación con los ciudadanos nativos. Aun así, el discurso sobre seguridad genera una percepción pública favorable al endurecimiento de las políticas migratorias por parte del gobierno.

Por lo tanto, el problema central no se limita al contenido legal de las políticas migratorias, sino a la forma en que la administración Trump instrumentalizó la migración bajo el aparato estatal como recurso político, reforzando identidades nacionales excluyentes y produciendo efectos concretos en la vida de refugiados, solicitantes de asilo y comunidades latinoamericanas establecidas en Estados Unidos. La política migratoria actual ha transformado a las poblaciones vulnerables en capital simbólico, según la concepción de Pierre Bourdieu, al convertir el sufrimiento humano en beneficio electoral y poder político.

En este análisis, partimos de la hipótesis central de que la política migratoria actual de Estados Unidos combina la represión estatal con el cálculo político, convirtiendo la agenda de seguridad fronteriza en un instrumento de movilización electoral. El gobierno construye una narrativa que asocia la inmigración con el crimen y el desorden, aunque los datos empíricos no confirman dicha correlación. Otro informe reciente del Pew Research Center muestra que el 73% de los republicanos y los independientes con tendencia republicana consideran la inmigración ilegal como un problema muy significativo para la nación. Esta afirmación coincide con periodos de retórica intensificada por parte del Poder Ejecutivo, especialmente durante las votaciones de paquetes legislativos y los ciclos electorales regionales. La expansión de las operaciones del ICE y la adopción de mecanismos de deportación acelerada estuvieron acompañadas de un aumento significativo en las detenciones. Estos elementos respaldan la hipótesis de que la política migratoria cumple una doble función: por un lado, incrementar la capacidad represiva del Estado sobre las poblaciones migrantes; por otro, obtener réditos políticos mediante la movilización del miedo como discurso público, reforzando las fronteras simbólicas y basadas en la identidad entre “nacionales” y “extranjeros”. De este modo, la política migratoria se convierte tanto en una práctica disciplinaria como en un recurso para la legitimación electoral, un sello distintivo y una fortaleza del segundo mandato de Trump.

2. CONTEXTO HISTÓRICO Y POLÍTICO

En Estados Unidos, la Posse Comitatus Act (PCA), aprobada en 1878, prohíbe el uso del Ejército o las Fuerzas Armadas para funciones de orden público civil. El nombre de esta ley proviene del concepto de posse comitatus, o “poder del condado”, que se refiere a la autoridad del sheriff para convocar a los ciudadanos a fin de que le ayuden a mantener la paz y hacer cumplir la ley. Esta ley se promulgó para limitar al Ejército federal en el ejercicio de funciones policiales internas tras el uso del Ejército para el mantenimiento del orden público después de la Guerra de Secesión, en respuesta a los abusos cometidos durante la Reconstrucción. Originalmente, se aplicaba solo al Ejército, pero se extendió a la Fuerza Aérea en 1956, y posteriormente a la Armada, el Cuerpo de Marines y la Fuerza Espacial en 2021.

Sin embargo, la “Ley de Insurrección de 1807” (Insurrection Act of 1807) contempla ciertas circunstancias en las que se permite el uso de las Fuerzas Armadas en territorio estadounidense, siendo una de las pocas excepciones a Posse Comitatus Act. Permite al presidente utilizar las Fuerzas Armadas para restablecer el orden, garantizar el cumplimiento de las leyes y proteger los derechos civiles. Las principales circunstancias previstas en esta ley son: a) cuando un gobernador o una legislatura estatal solicitan asistencia federal para sofocar una insurrección, disturbio o revuelta que el estado no puede controlar por sí solo. Un ejemplo sería el caso de los disturbios de Detroit (1967) (Detroit Riot, 1967), en los que se enviaron tropas federales a petición del gobernador de Michigan. Los disturbios de Detroit se desencadenaron por una redada policial en un bar clandestino la madrugada del 23 de julio de 1967, en un barrio predominantemente afroamericano. Además, la confrontación se vio impulsada por una combinación de racismo, brutalidad policial y pobreza generalizada en aquel momento.

En este sentido, sin el consentimiento del estado, en casos de obstrucción de la ley federal, si se impide la aplicación de las leyes federales y las autoridades locales no pueden restablecer el orden, el presidente puede actuar incluso sin la solicitud del estado si existe: 1) una insurrección contra el gobierno federal; 2) obstrucción de la aplicación de las leyes estadounidenses; 3) situaciones que imposibilitan la aplicación de la ley por los medios ordinarios. Otro ejemplo de ello es la “Crisis de Little Rock” (1957), cuando nueve estudiantes afroamericanos, los “Nueve de Little Rock”, intentaron matricularse en la entonces segregada Central High School de Little Rock, Arkansas, tras la decisión del Tribunal Supremo en el caso Brown vs. Board of Education, que dictaminó que la segregación de menores en las escuelas públicas por motivos de raza o etnia era inconstitucional. El conflicto se agravó cuando el gobernador del estado impidió la entrada de los estudiantes, lo que llevó al entonces presidente Dwight D. Eisenhower a enviar tropas federales para protegerlos y garantizar el debido cumplimiento de la ley.

Finalmente, 4) proteger los derechos civiles y constitucionales cuando se les niegan y las autoridades estatales no toman medidas para proteger a sus ciudadanos. Esta cláusula se utilizó durante el Movimiento por los Derechos Civiles en las décadas de 1950 y 1960, que luchó contra la segregación y la discriminación racial, principalmente contra los afroamericanos, cuyo objetivo principal era poner fin a la segregación legalizada, la discriminación y la privación del derecho al voto que afectaban a los afroamericanos.

Los episodios anteriores ilustran cómo, si bien la Posse Comitatus Act restringe el empleo de militares en tareas policiales, el recurso a la Insurrection Act o a excepciones específicas se ha utilizado históricamente en situaciones consideradas emergencias o graves alteraciones del orden público.

Durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), la inmigración se trató, desde la campaña electoral, no solo como un problema económico o humanitario, sino como una cuestión de seguridad nacional. Este enfoque buscaba securitizar la inmigración, presentándola como una clara amenaza a la soberanía, la seguridad interna y la identidad estadounidense. Al inicio de su primer mandato, el 25 de enero de 2017, Trump firmó la Executive Order 13767, “Border Security and Immigration Enforcement Improvements”, que establecía que "la seguridad fronteriza es de vital importancia" y que los inmigrantes que entraban ilegalmente o permanecían en el país después de obtener sus visas eran considerados una "amenaza para la seguridad nacional y pública". De esta manera, la primera administración Trump priorizó la expulsión de personas no ciudadanas, incluso aquellas sin antecedentes penales, lo que representó un cambio con respecto a períodos anteriores.

En cuanto a las "ciudades santuario" (jurisdicciones que limitan la cooperación con los agentes federales de inmigración), la política de Trump buscaba castigar a estas jurisdicciones condicionando o retirando su financiación federal, o presionándolas para que cooperaran. Con la transformación de la inmigración en un asunto de seguridad nacional, que enfatiza el control y la expulsión a expensas de la integración o los derechos, la política de Trump tenía como objetivo castigar a estas jurisdicciones condicionando o retirando su financiación federal. En lo que respecta a los inmigrantes, el discurso que Trump ha empleado, como ya se mencionó, se basa en la asociación entre la inmigración irregular y la delincuencia o la inseguridad y, en este sentido, en que las jurisdicciones "santuario" estarían protegiendo a delincuentes extranjeros. Siguiendo esta lógica, las ciudades que se negaron a cooperar con los agentes federales o a acatar las órdenes de detención (immigration detainers) de ICE se convirtieron en objetivos simbólicos y concretos de la política federal, generando tensiones con los gobiernos locales.

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), el énfasis se centró en la inmigración y las ciudades santuario: se amplió la aplicación de la ley en el interior del país (interior enforcement), se restringió el presupuesto y se impulsó la retórica de seguridad, pero se observó una movilización menos explícita a gran escala de tropas federales en las ciudades santuario. Cabe destacar que, durante el primer mandato, no se registró una movilización masiva de tropas federales para el control policial urbano en las "ciudades santuario" a la escala que podría sugerirse para 2025. Sin embargo, sí hubo una fuerte retórica, operativos de seguridad interna y amenazas legales y políticas de diversa índole y gravedad. En su nueva fase, bajo la administración Trump II, creemos que esta agenda está cobrando nuevo impulso, con una renovada presión federal sobre las ciudades santuario e indicios de movilización de la fuerza o tropas federales en contextos urbanos, lo que eleva el debate a la intersección de la seguridad, la legalidad (militarización interna) y los derechos humanos.

El 28 de abril de 2025, la administración Trump firmó una orden ejecutiva para tomar medidas enérgicas contra las ciudades santuario, condicionando la financiación, exigiendo listas de jurisdicciones no cooperativas y notificaciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Justicia (DOJ), entre otras acciones controvertidas. Simultáneamente, se reporta la movilización o la amenaza de movilización de la Guardia Nacional en jurisdicciones urbanas donde se prevén protestas u operativos migratorios. Ciudades como Portland, Oregón, y Los Ángeles se mencionan en informes recientes. En 2025, el DHS y el DOJ identificaron y expusieron las “jurisdicciones santuario” que, según el gobierno, obstruyen la aplicación de la ley federal de inmigración, afirmando en su comunicado de prensa que “las ciudades santuario protegen a los inmigrantes ilegales y a los delincuentes peligrosos, protegiéndolos de las consecuencias y poniendo a las fuerzas del orden en grave peligro”, y también presentan una lista completa de las ciudades consideradas santuarios.

3. MARCO LEGAL Y AUTORIDAD PRESIDENCIAL

El debate sobre el envío de tropas federales a ciudades santuario exige comprender el marco normativo que delimita y, a la vez, permite el uso de fuerzas militares y paramilitares en territorio nacional. El marco legal central de este debate es la Posse Comitatus Act (1878), que, como se mencionó anteriormente, restringe el uso de las Fuerzas Armadas en la aplicación del derecho interno. Sin embargo, la legislación estadounidense combina prohibiciones, excepciones y permisos condicionales, creando un régimen ambiguo que permite interpretaciones amplias por parte del Ejecutivo, especialmente durante períodos de conflicto político o cuando se requieren medidas de seguridad.

En el caso de la administración Trump, los argumentos legales utilizados para justificar el envío de tropas federales o de la Guardia Nacional se basaron principalmente en tres instrumentos legales: la Posse Comitatus Act, la Insurrection Act (1807) y el régimen de movilización de la Guardia Nacional conforme a los Títulos 10 y 32 del U.S. Code. Además de estas disposiciones, existen memorandos y órdenes ejecutivas recientes, como el Memorando Presidencial del 7 de junio de 2025, que autoriza al Departamento de Defensa a apoyar al Departamento de Seguridad Nacional en la “protección de las instalaciones y el personal federales”.

La Posse Comitatus Act establece restricciones al uso del Ejército y la Fuerza Aérea como fuerza policial interna. Sin embargo, esta limitación no es absoluta. La principal excepción histórica es la Insurrection Act (1807), que permite al presidente: actuar a solicitud de los gobiernos estatales; sin el consentimiento de los estados, cuando haya revuelta, obstrucción de la aplicación de las leyes federales o amenaza a los derechos civiles; proteger la propiedad federal y garantizar el cumplimiento de la ley. Esta última cláusula se convirtió en la base legal central en 2025. El Memorándum del 7 de junio de 2025 sostiene que las Fuerzas Armadas pueden brindar seguridad a las instalaciones y agentes del DHS, lo que permite la intervención militar en áreas urbanas vinculadas a operaciones de inmigración. En el marco del Title 10 frente al Title 32, la controversia más visible gira en torno a la Guardia Nacional, ya que, según el Título 32, las tropas permanecen bajo el mando de los gobernadores, mientras que, según el Título 10, se federalizan y quedan bajo el mando directo del presidente. Esta distinción adquiere relevancia práctica en asuntos de seguridad interna, fronteras y orden público, y ha sido objeto de controversia política y constitucional. El debate se intensificó durante las protestas nacionales de 2020, desencadenadas por la muerte de George Floyd y caracterizadas por movilizaciones contra la violencia policial y el racismo sistémico. Varios estados movilizaron a sus unidades de la Guardia Nacional en virtud del Título 32, mientras que el gobierno federal insinuó la posibilidad de federalizarla bajo el Título 10, lo que generó disputas entre la autoridad presidencial y la autonomía estatal. En Washington D.C., la acción se llevó a cabo bajo autoridad federal directa, dado que el territorio no cuenta con gobernador, lo que suscitó interrogantes sobre la transparencia y los límites del uso de las fuerzas armadas en actividades policiales habituales. Estos episodios demuestran que, si bien el marco legal es relativamente claro, su aplicación ha generado tensiones recurrentes entre los poderes federales y estatales, así como debates jurídicos sobre el alcance, la proporcionalidad y el control civil.

En este contexto, gobernadores de estados como California, Oregón e Illinois se negaron a poner sus tropas a disposición para operaciones de inmigración. En respuesta, el gobierno federal buscó la federalización obligatoria de las unidades estatales, lo que dio lugar a litigios como Illinois vs. Trump y California vs. Trump.

4. IMPACTOS EN LOS DERECHOS HUMANOS Y LA SEGURIDAD PÚBLICA

La intensificación de las políticas migratorias durante la administración Trump II, especialmente después de 2025, ha generado efectos concretos en los derechos humanos, la seguridad pública y la cohesión social en las jurisdicciones clasificadas como "ciudades santuario". Las medidas represivas crean un escenario de alto riesgo para los derechos civiles y las libertades fundamentales. En varios estados, organizaciones de derechos humanos y defensores públicos han denunciado casos de detenciones arbitrarias, operativos nocturnos realizados por agentes federales y vigilancia electrónica de grupos de defensa de los migrantes y líderes comunitarios. La superposición entre los aparatos de inmigración y seguridad nacional contribuye a una criminalización difusa de la presencia inmigrante, que se trata como una amenaza potencial en lugar de un problema social o humanitario.

En cuanto a los derechos civiles, el uso de tropas federales y de la Guardia Nacional en actividades de control migratorio genera inquietudes sobre la proporcionalidad y la legalidad de dichas acciones. Informes de campo y registros de prensa (Los Angeles leaders impose curfew as protests against Trump's immigration crackdown continue | The Associated Press) indican el uso de tácticas de dispersión típicas de contextos militares, como gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y detenciones preventivas, durante manifestaciones pacíficas en ciudades como Portland, Los Ángeles y Chicago. Estas prácticas constituyen posibles violaciones de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a la libertad de expresión y de reunión, y también ponen en entredicho el principio del control civil sobre las fuerzas de seguridad. El monitoreo de activistas y periodistas mediante programas de inteligencia, en nombre de la "seguridad fronteriza", aumenta el riesgo de vigilancia política e intimidación a disidentes.

Este fenómeno produce efectos sociales particularmente importantes y preocupantes en las comunidades de inmigrantes y refugiados. La presencia constante de agentes del ICE y unidades federales en barrios con alta concentración de inmigrantes ha provocado un temor generalizado y un repliegue de la vida pública. Varias organizaciones locales reportan una marcada disminución en el número de denuncias de delitos, especialmente casos de violencia doméstica, trata de personas y explotación laboral, debido a que las víctimas y los testigos temen ser detenidos o deportados al interactuar con las autoridades. Según los informes existentes, se estima que este fenómeno de "subregistro por temor" compromete la seguridad pública y rompe los lazos de confianza entre la población y las instituciones. Además, se registran desplazamientos internos de familias que abandonan las ciudades objetivo de las operaciones federales para buscar refugio en pueblos más pequeños o en otros estados, sin garantía de protección legal, lo que refuerza la vulnerabilidad socioeconómica de estas comunidades (Como pressão de Trump sobre 'cidades-santuário' pode afetar brasileiros nos EUA? - BBC News Brasil).

También existe la perspectiva de las políticas de seguridad locales, ya que la presencia de fuerzas federales ha generado importantes tensiones institucionales. Alcaldes y jefes de policía de varias ciudades santuario, como San Francisco, Seattle y Boston, argumentan que la injerencia federal socava las estrategias de policía comunitaria desarrolladas a lo largo de décadas. El modelo local, históricamente centrado en la prevención y la cooperación social, depende de la confianza de las comunidades, la cual se ve erosionada por la asociación entre los agentes públicos y la deportación, aunada a la violencia. Así, la imposición de una lógica de "seguridad nacional" en contextos de seguridad urbana altera el equilibrio federal y dificulta la implementación de políticas de integración y acogida. Existen informes que indican que muchos departamentos de policía incluso reportan dificultades para reclutar agentes bilingües y una pérdida de legitimidad entre las poblaciones inmigrantes, quienes comienzan a evitar cualquier contacto institucional.

En este sentido, el impacto en los derechos humanos no se limita a violaciones directas, sino que también se expresa a nivel simbólico y discursivo. La retórica presidencial que asocia la inmigración con la criminalidad refuerza los estigmas raciales y étnicos, legitimando prácticas de discriminación y hostilidad social. Los casos documentados de agresiones y crímenes de odio (hate crimes) contra latinoamericanos y musulmanes han aumentado paralelamente a los picos de intensificación retórica del Ejecutivo, según datos preliminares del FBI de 2024-2025 (Hate Crimes | Facts and Statistics). De este modo, el discurso oficial actúa como catalizador de comportamientos sociales excluyentes y de la naturalización de la violencia institucional, reproduciendo el ciclo de miedo y represión que sustenta la propia agenda migratoria.

En general, se observa una interdependencia entre la política migratoria y el deterioro de la seguridad pública. El aparato federal, concebido bajo una lógica de disuasión punitiva, debilita las capacidades locales de prevención y mediación, sustituyendo las políticas de ciudadanía por estrategias de contención. Las medidas de detención y deportación masivas no solo generan traumas y desintegración familiar, sino que también sobrecargan los tribunales y los servicios sociales locales. El resultado es un clima de mayor inseguridad, en el que tanto los inmigrantes como los ciudadanos estadounidenses se ven afectados por una cultura de vigilancia permanente y excepción.

En resumen, las repercusiones de la actual política migratoria en los derechos humanos y la seguridad pública revelan una paradoja: en nombre de la seguridad, se expanden prácticas que socavan los fundamentos democráticos y jurídicos del Estado. La criminalización de la migración y la militarización de la gestión interna del orden público generan un ciclo de erosión institucional e inseguridad social persistente, cuyo costo recae principalmente sobre las poblaciones más vulnerables, pero cuyas implicaciones alcanzan todo el tejido democrático estadounidense.

5 REACCIONES POLÍTICAS Y LEGALES

La ofensiva del gobierno de Trump contra las llamadas "ciudades santuario" ha desencadenado una serie de reacciones políticas y judiciales que evidencian tensiones entre los distintos niveles de gobierno, las interpretaciones constitucionales y las movilizaciones de la sociedad civil. Varios gobernadores y alcaldes de jurisdicciones afectadas por la política migratoria han rechazado públicamente la injerencia federal, anunciando su negativa a cooperar con las operaciones del ICE e incluso amenazando con sanciones legales. La postura de estas administraciones locales se basa, en parte, en el argumento de que los efectos de la "cooperación automática" con el ICE socavarían la confianza de las comunidades inmigrantes en la policía local, reduciendo la comunicación entre los inmigrantes y las autoridades locales y comprometiendo la seguridad pública engeneral. En algunos casos, el gobernador del estado correspondiente también ha manifestado su objeción. Un ejemplo significativo: el gobernador de Minnesota, Tim Walz, describió las exigencias del Departamento de Justicia como “una especie de agenda política equivocada” e “fundamentalmente incompatibles con nuestros principios fundacionales como nación”.

Estas reacciones políticas revelan una lógica de resistencia local que busca preservar la autonomía municipal o estatal frente al poder federal, al tiempo que evidencian el poder movilizador del tema de la inmigración, no solo como política administrativa, sino también como una disputa simbólica en el ámbito electoral.

El poder judicial federal ha desempeñado un papel central en la mediación de la crisis entre el gobierno federal y las jurisdicciones locales. Una de las decisiones más importantes tuvo lugar el 24 de abril de 2025, cuando el juez William H. Orrick III del Tribunal de Distrito de San Francisco emitió una orden judicial que prohibía a la administración Trump retener o condicionar la financiación federal a ciudades y condados en función de sus políticas de “ciudad santuario”. Consideró, entre otras razones, que dichas amenazas causaban daños irreparables, como incertidumbre presupuestaria, violación de derechos constitucionales y socavamiento de la confianza entre el gobierno local y la comunidad. Posteriormente, en agosto de 2025, el mismo juez amplió su orden para abarcar 34 jurisdicciones adicionales (incluidas, por ejemplo, Los Ángeles, Chicago, Boston y Denver), impidiendo así recortes en la financiación federal. Además, en septiembre de 2025, el estado de Oregón y la ciudad de Portland presentaron una demanda contra la administración Trump por la movilización de tropas federales, específicamente de la Guardia Nacional, en su territorio. La jueza Karin Immergut emitió una orden judicial alrededor del 4 de octubre de 2025, impidiendo el despliegue de estas tropas por incumplimiento de los requisitos de activación de la Guardia Nacional.

Además de la movilización institucional, el papel de las organizaciones no gubernamentales, los grupos de defensa de los derechos civiles y las redes comunitarias ha sido fundamental, tanto en litigios colectivos como en el monitoreo de las operaciones federales y la denuncia deviolaciones. Organizaciones de base han documentado operaciones que incluyen detenciones masivas y el uso de la fuerza por parte de unidades militares y federales en localidades que se autoproclamaban “ciudades santuario”.

La reacción a la política de la administración Trump sobre las “ciudades santuario” revela un escenario en el que el Estado federal moviliza mecanismos coercitivos (judiciales, financieros y operativos) y se enfrenta a una respuesta conjunta de los niveles subnacionales, el poder judicial y la sociedad civil. Se observa que esta tríada opera como contrapunto al intento de instrumentalizar la migración como recurso para la gobernanza y la movilización electoral.

6. CONSIDERACIONES FINALES

Este análisis ha demostrado que la política migratoria de la administración Trump II se ha consolidado como un instrumento de poder político, sustentado en una retórica del miedo y la expansión del aparato represivo del Estado. Las acciones federales dirigidas contra las denominadas "ciudades santuario", incluyendo la movilización de tropas de la Guardia Nacional y el acondicionamiento de las transferencias de recursos, revelan una estrategia de confrontación entre los distintos niveles de gobierno y una expansión de la autoridad ejecutiva en áreas tradicionalmente reservadas a la autonomía estatal y municipal.

Desde una perspectiva jurídica, hemos observado el uso flexible de disposiciones como la Posse Comitatus Act, la Insurrection Act y los Títulos 10 y 32 del U.S. Code para justificar el uso de fuerzas federales en territorio nacional. Esta práctica, si bien cuenta con el respaldo de extensas interpretaciones jurídicas, plantea interrogantes sobre su constitucionalidad y sobre los límites del control civil sobre la acción militar. Creemos que las recientes decisiones judiciales, como las medidas cautelares dictadas por los tribunales federales de San Francisco y Portland, demuestran la relevancia del sistema judicial como medio de contención frente a iniciativas potencialmente abusivas del Poder Ejecutivo.

En materia de derechos humanos, los hallazgos apuntan a un escenario de erosión institucional y deterioro de las garantías civiles, caracterizado por detenciones arbitrarias, separación de familias, uso excesivo de la fuerza y ​​vigilancia política. La política de disuasión punitiva y el discurso de seguridad han generado temor y aislamiento social entre los inmigrantes, comprometiendo la seguridad pública y la confianza en las instituciones. Al asociar la inmigración con el delito, entendemos que el gobierno contribuye a la legitimación de prácticas discriminatorias y al aumento de la hostilidad social contra los grupos racializados.

En resumen, evaluamos que la política migratoria actual combina la represión administrativa, la expansión del poder presidencial y la instrumentalización electoral del tema migratorio, lo que produce profundas repercusiones en el estado de derecho y la cohesión democrática. La legalidad formal de estas medidas no elimina su ilegitimidad material a la luz de las normas internacionales para la protección de los derechos humanos y las normas constitucionales que rigen la separación de poderes en Estados Unidos.

En este contexto, se recomienda que los investigadores amplíen los estudios empíricos sobre los efectos locales de las operaciones migratorias y sobre los mecanismos de resistencia institucional y comunitaria. A los responsables políticos, se les señala la necesidad de fortalecer los mecanismos de monitoreo judicial, los instrumentos de transparencia y control civil sobre las fuerzas de seguridad, y las estructuras de diálogo intergubernamental capaces de preservar el equilibrio federal. Finalmente, se debe alentar a los actores locales y a las organizaciones de la sociedad civil a mantener redes de protección de los derechos civiles y canales de cooperación jurídica y humanitaria que garanticen el monitoreo de las violaciones y la defensa de las poblaciones afectadas.

La consolidación de una política migratoria compatible con el Estado de derecho democrático depende, por lo tanto, de la reconstrucción de los vínculos institucionales entre seguridad, legalidad y dignidad humana, dimensiones que, en la configuración actual, se encuentran bajo una fuerte tensión en el país.

REFERENCIAS

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