La movilización para cerrar los centros de detención administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (Immigration and Customs Enforcement, o ICE) cobró fuerza a medida que se acumulaban las denuncias de violencia, negligencia médica y falta de transparencia. En los estados gobernados por el Partido Demócrata, el rechazo a la política migratoria del segundo gobierno de Donald Trump se ha traducido en protestas, demandas, políticas de “santuário” e intentos de impedir la instalación o expansión de centros de detención. Si bien estas iniciativas son políticamente comprensibles y, en muchos casos, moralmente justificadas, su impacto en las personas que ya se encuentran bajo custodia federal es más ambiguo.

Este es el tema que Nick Miroff analiza en un reportaje publicado por The Atlantic el 26 de julio de 2026. El periodista parte de la controversia en torno a Delaney Hall, un centro de detención privado ubicado en Newark, Nueva Jersey. Con capacidad para aproximadamente mil personas y operado por GEO Group mediante un contrato de mil millones de dólares a 15 años, el centro se ha convertido en uno de los principales símbolos de la oposición demócrata a la política de deportaciones masivas. Desde mayo se han producido protestas contra las condiciones internas, mientras que el gobierno estatal y otras autoridades demócratas también intentan impedir la apertura de una unidad de mayor tamaño en otra zona de Nueva Jersey.

El cierre de centros como Delaney Hall puede presentarse como una victoria política, ya que reduce la infraestructura disponible para el ICE, aumenta sus costos logísticos y dificulta la realización de operaciones de inmigración a gran escala. Durante años, esta estrategia se ha asociado con las políticas de santuario, mediante las cuales los gobiernos estatales y municipales limitan la cooperación de sus instituciones con las autoridades federales de inmigración. El problema, sin embargo, es que la capacidad de un estado demócrata para excluir las instalaciones del ICE de su territorio no se corresponde con su capacidad para prevenir la detención federal. Esto significa que el cierre local no elimina necesariamente el encarcelamiento de inmigrantes: puede que solo lo reubique.

Esta distinción se hizo aún más evidente después de que la administración republicana asignara más de 100 billones de dólares en fondos adicionales al ICE a través del proceso de conciliación presupuestaria, una cantidad equivalente, según Miroff, a aproximadamente diez veces el presupuesto anual anterior de la agencia. Con esta disponibilidad financiera, ya no es posible suponer que la escasez de camas en los estados demócratas obligará al gobierno federal a reducir las detenciones. Por el contrario, el ICE puede trasladar a las personas a instalaciones más económicas en el Sur, particularmente en Texas y Luisiana.

Por lo tanto, la cuestión más amplia es si la estrategia local modifica la política federal de detención o simplemente traslada sus consecuencias humanas a otros territorios.

La paradoja territorial: ¿Retirar a ICE o trasladar a los detenidos?

La infraestructura migratoria estadounidense ya presenta una marcada asimetría territorial. Existen relativamente pocos centros de detención cerca de las grandes ciudades del norte y las regiones costeras, donde se concentran grandes comunidades migrantes, mientras que una proporción desproporcionada de las unidades se ubica en Texas y Luisiana. Esta distribución se debe, en parte, al menor costo operativo en los estados del sur y a su proximidad a aeropuertos y rutas terrestres utilizadas para las deportaciones a México y otros destinos.

En consecuencia, el cierre de una unidad en un estado demócrata puede aumentar la distancia entre los detenidos y sus redes de apoyo. John Gihon, exabogado de ICE y miembro de American ImmigrationLawyers Association (AILA), describió la eliminación de instalaciones en jurisdicciones demócratas como una "victoria limitada" para los activistas, pero potencialmente perjudicial para los propios detenidos. Según él: “ICE encontrará espacio en algún centro de detención. La mayoría de las veces, ese lugar estará más lejos de un estado gobernado por demócratas, más lejos de tribunales federales favorables y en una región con condiciones mucho peores”. La observación de Gihon destaca que la ubicación de la custodia no es un elemento secundario. En ciudades como Nueva York y Chicago, existe una mayor concentración de organizaciones de apoyo, abogados especializados, redes comunitarias y estructuras de asistencia capaces de monitorear los procesos de asilo y apelar las órdenes de deportación. La proximidad también facilita las visitas familiares y la comunicación regular entre abogados y clientes. Por el contrario, los tribunales de inmigración en Texas y Luisiana tienen algunas de las tasas de rechazo de asilo más altas del país, mientras que los tribunales de Nueva York registran resultados relativamente más favorables para los solicitantes. El traslado, por lo tanto, modifica las condiciones concretas de acceso a la justicia. Una persona trasladada de Nueva Jersey a Texas puede perder el contacto frecuente con su familia, tener dificultades para reunir documentos, separarse de su abogado y que su caso se decida en una jurisdicción con menor probabilidad estadística de otorgar protección. En este sentido, el cierre de Delaney Hall puede representar, simultáneamente, un rechazo legítimo al sistema de detención y un agravamiento involuntario de la vulnerabilidad de los detenidos.

Tom Homan, responsable de la política fronteriza en la administración Trump y exdirector de ICE, explotó públicamente esta contradicción: en respuesta a las autoridades demócratas de Nueva Jersey, afirmó que el cierre de la unidad llevaría al gobierno a trasladar a los detenidos a Texas o Arizona, dado que las operaciones de arresto y deportación continuarían. La declaración tiene un evidente carácter coercitivo: el gobierno federal utiliza la posibilidad de la separación familiar como una forma de presionar a las autoridades locales. Sin embargo, si bien la amenaza no debe normalizarse, pone de manifiesto una limitación real de la estrategia estatal. Mientras el ICE cuente con los recursos financieros, el personal y la autoridad federal para realizar traslados, el cierre de un centro específico no implica la paralización del sistema de detención. El reto reside en no confundir la retirada territorial de la institución con la protección efectiva de las personas bajo su custodia, ya que el cierre de un centro puede atenuar la visibilidad de la violencia, trasladándola a regiones donde la supervisión pública, la asistencia jurídica y la resistencia institucional son más débiles.

Texas como destino para la expansión: el caso del Camp East Montana

A pesar de las denuncias de abuso y los llamados a su cierre, el ICE ha extendido el contrato del Camp East Montana en El Paso, Texas, por al menos un año más. Se estima que esta extensión costará a los contribuyentes $776 millones adicionales. Un reportaje de AlJazeera, publicado el 28 de julio de 2026, aclara los problemas que motivaron esta decisión de reubicación: tres personas han fallecido en el centro desde su apertura el 1 de agosto de 2025. A finales de febrero de 2026, aproximadamente 1600 personas no ciudadanas se encontraban allí detenidas. Además, un informe de Government Accountability Office, publicado en junio, concluyó que la unidad no cumplía con los estándares básicos de detención, poniendo en riesgo la seguridad tanto de los detenidos como del personal. La representante demócrata Veronica Escobar, de Texas, declaró a Al Jazeera: “Reciben alimentos de mala calidad. No reciben la atención médica que necesitan. Este lugar debe ser cerrado”. Un informe conjunto de Human Rights Watch y American Civil Liberties Union (ACLU) también señaló graves agresiones por parte de los guardias, negligencia médica, hacinamiento y falta de transparencia. En su testimonio ante los investigadores, un detenido informó que los guardias agredían colectivamente a los reclusos cuando alguno exigía comida, medicamentos o respeto a sus derechos. El ICE negó las acusaciones, afirmando que nadie estaba siendo golpeado ni maltratado y que los detenidos tenían acceso a alimentos, atención médica, abogados y comunicación con sus familias. Sin embargo, la contradicción entre ambos relatos refuerza la importancia de los mecanismos de supervisión independientes. La simple negación institucional no es suficiente cuando la misma agencia responsable de la custodia controla gran parte de la información sobre las condiciones internas, la atención médica y las circunstancias de las muertes.

Los datos de Human Rights Watch ayudan a ilustrar la gravedad específica del Camp East Montana: entre su apertura y el 4 de junio de 2026, se registraron tres muertes en las instalaciones. Estas representaron el 6,1% de todas las muertes ocurridas bajo custodia del ICE desde el comienzo del segundo mandato de Trump, una proporción casi el doble de la proporción de días de detención en el sistema que ocupó el centro. Entre los fallecidos se encontraba Geraldo Lunas Campos, un ciudadano cubano de 55 años. Según el análisis presentado por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights, su muerte, el 3 de enero de 2026, fue consecuencia de asfixia por compresión del cuello y el torso durante el uso de la fuerza por parte de los funcionarios. Víctor Manuel Díaz, nicaragüense de 36 años, se suicidó en la misma unidad el 14 de enero, tras solo nueve días bajo custodia. Francisco Gaspar Andrés, guatemalteco de 48 años, falleció en diciembre de 2025 tras permanecer detenido noventa y cuatro días en el Camp East Montana.

En este contexto, la renovación del contrato trasciende una decisión administrativa y pone de manifiesto una clara orientación política en la que, incluso ante muertes, denuncias de agresión, negligencia y constatimientos oficiales de incumplimiento de las normas, el gobierno federal optó por preservar y financiar la capacidad de detención. El Camp East Montana demuestra así que la reducción de la infraestructura del ICE en estados demócratas puede ir acompañada de la consolidación de centros en estados donde los costos son menores y la resistencia política ejerce menos influencia sobre el gobierno federal.

Muertes bajo custodia: el aumento de la mortalidad entre detenidos expresado numericamente

El informe de Human Rights Watch, elaborado con análisis médicos de Physicians for Human Rights, impide que el debate se reduzca a una mera controversia administrativa entre los gobiernos estatales y federales. Entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026 - los primeros 500 días del segundo mandato de Trump -, 52 personas fallecieron bajo custodia del ICE. La tasa de mortalidad alcanzó su nivel más alto en más de una década, siendo casi cuatro veces superior a la registrada durante la administración Biden y más de dos veces y media superior a la observada durante el primer mandato de Trump.

Este aumento no puede explicarse únicamente por el incremento de la población detenida. Entre enero de 2025 y enero de 2026, el número de personas bajo custodia aumentó un 77%, pasando de aproximadamente 40 000 a más de 71 000. Durante el mismo período, sin embargo, el número anual de muertes se triplicó, lo que resultó en un aumento de casi el 140% en la tasa de mortalidad. Esto indica que la ampliación de la detención se produjo sin una ampliación proporcional de la capacidad de atención, supervisión y prevención de emergencias. El análisis también reveló que 14 de las 39 muertes examinadas durante el primer año del segundo período (aproximadamente el 36%) ocurrieron menos de dos semanas después del inicio de la detención. Doce personas fallecieron en menos de una semana. Siete muertes se clasificaron como suicidios aparentes, mientras que otras fueron consecuencia de accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, infecciones, insuficiencia respiratoria y causas traumáticas. Además, el 64% de las notificaciones de muerte se publicaron después del plazo de 48 horas establecido por la propia política del ICE.

La falta de información es parte del problema. Aunque el ICE debe publicar una notificación inicial en un plazo de 48 horas y un informe más detallado en 30 días, expertos de Physicians for Human Rights concluyeron que, en los 39 casos analizados clínicamente, los datos públicos eran insuficientes para una evaluación definitiva de las circunstancias de la muerte y la calidad de la atención brindada. Aun así, la documentación disponible permitió identificar pruebas contundentes de atención médica inadecuada o tardía.

Otros casos señalan fallas igualmente graves: personas con síntomas respiratorios que empeoraban y que no recibieron intervención antes de ser encontradas inconscientes; pacientes con factores de riesgo de sepsis que no fueron sometidos a pruebas ni a tratamiento antibiótico; retrasos en el inicio de las maniobras de reanimación; e individuos con crisis de salud mental que no recibieron un seguimiento adecuado antes de suicidarse.

Por lo tanto, Human Rights Watch sostiene que la negligencia médica, las condiciones inadecuadas y la falta de transparencia pueden constituir violaciones tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como de la “Convención contra la Tortura”, especialmente cuando resultan en tratos crueles, inhumanos o degradantes. La organización recomienda que la detención se utilice únicamente como último recurso, acompañada de una evaluación médica cualificada, acceso continuo a atención médica externa, supervisión independiente e investigación pública de todos los fallecimientos.

Entre el cierre y el desplazamiento: Los límites humanitarios de la resistencia al ICE

Los estados democráticos se enfrentan a un dilema políticamente complejo: mantener centros de detención en su territorio puede implicar tolerar una política migratoria marcada por la muerte, el abandono, la violencia y el encarcelamiento masivo. Sin embargo, su cierre puede conllevar el traslado de los detenidos a centros distantes, especialmente en Texas y Luisiana, donde el acceso a la familia, la asistencia jurídica y tribunales más favorables suele ser menor. Una política centrada exclusivamente en mantener al ICE fuera de las jurisdicciones democráticas corre el riesgo de generar una forma de externalización interna: la violencia estatal se aleja del alcance visual de las comunidades políticamente movilizadas y se concentra en regiones donde los migrantes encuentran menos instrumentos de protección (como en el caso del Camp East Montana). Desde esta perspectiva, el criterio de "éxito" no debería limitarse al número de centros retirados de los estados democráticos, sino que debería abarcar la reducción del número de personas bajo custodia, la duración del confinamiento y las condiciones que pueden provocar sufrimiento y muerte. Esto exige priorizar alternativas comunitarias a la detención, limitar la detención de migrantes a los casos estrictamente necesarios, garantizar el acceso efectivo a abogados y familiares, crear mecanismos independientes de supervisión médica y asegurar la total transparencia en relación con todos los fallecimientos. Una respuesta humanitaria coherente debe, en última instancia, reducir estructuralmente la capacidad del Estado para transformar la movilidad humana en confinamiento, invisibilidad y muerte.