En junio y julio de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos (EE. UU.) registró cifras récord de arrestos de inmigrantes en el país, con cerca de 43.000 y 49.000 detenciones totales, respectivamente. Paralelamente, los casos de detención de inmigrantes sin antecedentes penales experimentaron un aumento superior al 100 % entre mediados del año pasado y mediados de este año, alcanzando cerca de mil detenciones de inmigrantes legales en julio. Por otra parte, el número de inmigrantes con antecedentes penales violentos descendió al 4 % en el mismo periodo, la cifra porcentual más baja durante la administración Trump.

El incremento en las cifras de detención pone de manifiesto una serie de medidas aplicadas por el ICE destinadas a maximizar las políticas de securitización y deportación de inmigrantes. En un reportaje publicado por el New York Times en julio de este año, funcionarios de la agencia estadounidense informaron que la institución había establecido un objetivo operativo de 2.000 detenciones diarias. Para cumplir con esta “meta”, ICE contrató nuevos agentes, alcanzando la cifra de 29.000 empleados en julio, aproximadamente un tercio más que en marzo. De este modo, la agencia ha registrado un aumento constante en el número de personas encarceladas en centros de detención desde principios de este año; en junio se contabilizaron 66.000 inmigrantes retenidos.

Entre los estados estadounidenses con mayor número de detenciones destacan Texas y Florida, donde el ICE llevó a cabo aproximadamente 380 y 230 arrestos diarios en agosto, respectivamente.

Así, el gobierno de Trump ha venido implementando medidas y acciones más agresivas, especialmente después de que la Corte Suprema ampliara, en junio, la autoridad del poder ejecutivo para definir la política federal de inmigración.

Diversos abogados especializados en inmigración informaron que muchos de sus clientes recibieron citaciones del ICE. Un reportaje del New York Times  cita el caso de la abogada Cindy Bladon, quien relató que uno de sus clientes, de nacionalidad nicaragüense, tenía programada una audiencia en el tribunal de inmigración para 2027, pero fue detenido el 29 de junio durante una inspección rutinaria de la agencia.

Además de la detención de inmigrantes que aguardan juicio, el periódico The Guardian publicó el 25 de agosto un reportaje denunciando la deportación de la esposa de un soldado estadounidense en servicio activo. Cristy Maroly Villafranca-Trejo, originaria de Honduras, fue deportada a pesar de no tener antecedentes penales registrados, aun cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. afirmó que “ella tuvo derecho a un proceso justo”. Cristy fue deportada a su país de origen el 11 de julio, dejando a su esposo —el sargento del ejército estadounidense Hedar Leonel Turcios Juárez, también hondureño— a cargo de los hijos de la pareja.

El escenario descrito evidencia una intensificación de las políticas de securitización y deportación impulsadas por el gobierno de Trump. Impulsado por la ampliación de la autoridad del poder ejecutivo otorgada por la Corte Suprema y por el aumento del número de agentes, el ICE estableció metas agresivas de detención diaria que derivaron en cifras récord de encarcelamientos, destacándose la actuación en estados como Texas y Florida. Este enfoque operativo prioriza el cumplimiento de cuotas numéricas sobre el perfil de los detenidos, reduciendo la proporción de individuos con antecedentes penales violentos y, al mismo tiempo, promoviendo un aumento superior al 100 % en las detenciones de inmigrantes sin historial delictivo, incluidas personas con procesos pendientes y legalmente integradas en familias estadounidenses.