1. LA DIPLOMACIA DEL MONITOREO

El panorama geopolítico de 2025 ha consolidado una transición crucial en la diplomacia hemisférica, donde las embajadas de Estados Unidos en América Latina han asumido un rol que trasciende la representación formal para actuar como puestos de monitoreo avanzado. Según la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) publicada en diciembre de 2025, el control de los flujos migratorios y la contención de la influencia de las potencias rivales se han convertido en los pilares de la prominencia regional estadounidense. Este fenómeno, caracterizado por los analistas como un “retorno al pasado” de la Doctrina Monroe, instrumentaliza al cuerpo diplomático para monitorear activamente si los gobiernos locales están “privilegiando” a los migrantes o facilitando las rutas de tránsito. Bajo la “mirada de Brasil”, esta nueva era de monitoreo no solo pone a prueba la soberanía nacional, sino que también sitúa la cuestión migratoria en el centro de la competencia hegemónica, donde la disputa por el significado y el estigma se convierten en armas políticas para disciplinar al Sur Global frente a los intereses de Washington.

La ​​reconfiguración de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, consolidada en sus recientes directrices de Seguridad Nacional, señala una transición paradigmática de la diplomacia tradicional de influencia cultural y económica, también conocida como “soft power”, a una diplomacia pragmática de monitoreo. Este movimiento, interpretado por los analistas como una actualización contemporánea de la Doctrina Monroe, redefine el papel de las representaciones diplomáticas en la región. Bajo la égida de la nueva estrategia, las embajadas trascienden sus funciones protocolarias y de promoción de la cooperación para actuar como centros operativos de monitoreo y control. Con el pretexto de que el objetivo final es defender el derecho soberano de Estados Unidos a controlar sus fronteras y reducir la inmigración ilegal, la orientación es que esta labor debe realizarse incentivando (o presionando) a otros países a hacer lo mismo. Así, el enfoque central de esta doctrina cambia de la promoción democrática abstracta a la priorización del control migratorio y la contención de lo que perciben como amenazas transnacionales, estableciendo una proyección ostentosa de la frontera estadounidense sobre el territorio soberano de las naciones latinoamericanas. En este contexto, la infraestructura diplomática se convierte en un mecanismo de seguridad avanzado, donde la recopilación de datos biométricos, la integración de sistemas de inteligencia y la presión para políticas locales de contención sirven para externalizar las fronteras estadounidenses. La retórica de la asociación da paso a una lógica de securitización, en la que la estabilidad regional se interpreta estrictamente desde la perspectiva de la defensa interna estadounidense. Así, esta diplomacia de monitoreo institucionaliza la tutela tecnológica y administrativa, transformando el espacio geográfico latinoamericano en una zona de amortiguamiento estratégico, donde el monitoreo constante reemplaza la persuasión ideológica como principal herramienta de hegemonía en el hemisferio.

2. EL NUEVO MANDATO DE LAS EMBAJADAS: EL "PIVOTE DE 2025"

A diferencia del modelo diplomático clásico, centrado en el mantenimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación económica, el nuevo mandato de Trump busca transformar las sedes diplomáticas en centros de escrutinio externo. Con el pretexto de garantizar la "estabilidad regional", se ha instruido a las embajadas para que elaboren informes sobre la eficacia de las barreras fronterizas y el cumplimiento de los protocolos de contención de la población. Como se informó, la gestión de los flujos migratorios en América Latina ha dejado de ser un asunto exclusivamente soberano para convertirse en un criterio para evaluar el mantenimiento de las alianzas estratégicas. En este sentido, el Departamento de Estado de EE. UU. ha emitido nuevas directrices que exigen que las embajadas actúen como órganos de seguimiento directo de las políticas internas de los países receptores. En lugar de simplemente promover el diálogo, los diplomáticos ahora deben: a) supervisar las leyes migratorias locales e informar si fomentan o facilitan la migración masiva; b) evaluar el control fronterizo en terceros países (como México, Guatemala y Panamá) y documentar las violaciones de derechos humanos y las actividades delictivas que puedan derivar de la migración descontrolada y las redes que la posibilitan; y c) evaluar si los gobiernos locales son cómplices o ineficientes al bloquear las caravanas y los flujos migratorios hacia el norte. Bajo el enfoque de "amenaza", el Departamento de Estado enmarcó la migración masiva como un asunto de seguridad nacional y una amenaza para los derechos humanos regionales, lo cual sustenta las nuevas directrices.

Los informes elaborados por estas embajadas servirán de base para el "sistema de puntuación" de Washington. Los países que no demuestren rigor en el control migratorio, siguiendo los estándares exigidos por EE. UU., se arriesgan a la suspensión de la ayuda financiera y militar, la revisión de los acuerdos comerciales ya firmados e incluso a sanciones diplomáticas directas.

En este escenario, el "pivote 2025" se refiere a la transición de una diplomacia de cooperación a una diplomacia de monitoreo y presión. El enfoque se ha desplazado del desarrollo regional a largo plazo a la gestión inmediata y externa de las crisis fronterizas estadounidenses.

Sin embargo, este monitoreo suele ir acompañado de demostraciones de fuerza. El envío de recursos militares y buques de guerra a regiones de tensión, como se observó en el asedio a Venezuela, demuestra que la auditoría diplomática es la cara burocrática de una estrategia de presión que no duda en utilizar el poder naval para validar sus demandas políticas.

A pesar de los fundamentos de la soberanía regional, existe una fuerte reacción de los líderes latinoamericanos, que consideran esta medida una intervención indebida en los asuntos internos.

Como intentamos describir en la tabla sobre el cambio de paradigma en el contexto de una nueva política exterior estadounidense, la reconfiguración de las directrices migratorias bajo la administración de Donald Trump en 2025 marca una ruptura estructural con el paradigma anterior, reemplazando el enfoque de Joseph Biden, más centrado en abordar las causas socioeconómicas sistémicas en América Latina (aunque de forma muy insuficiente y desorganizada), por una doctrina de estricta aplicación de la ley y seguridad fronteriza. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), este cambio de rumbo resultó en cifras significativas, incluyendo 605.000 deportaciones formales y la salida voluntaria de 1,9 millones de inmigrantes, además de la imposición de restricciones de entrada a aproximadamente 40 países. Este cambio hacia una estrategia de contención no solo define el éxito operativo del gobierno desde una perspectiva de seguridad nacional, sino que también intensifica la fricción con las organizaciones de derechos humanos al priorizar el control coercitivo sobre el desarrollo regional.

3. HERRAMIENTAS DE COERCIÓN Y MONITOREO TECNOLÓGICO

La gobernanza migratoria contemporánea ejercida por Estados Unidos en América Latina trasciende la presencia física en los puestos fronterizos, consolidándose mediante un sofisticado aparato técnico operado a través de consulados y embajadas. Este sistema se basa en la convergencia entre el rigor jurídico y la innovación tecnológica, transformando las representaciones diplomáticas en puestos avanzados de detección y vigilancia. El pilar central de esta estrategia reside en la implementación de sistemas biométricos de vanguardia y la profunda integración de bases de datos transnacionales. Como se detalla en las actualizaciones de las leyes de inmigración de 2025, la recopilación de metadatos e información biométrica ha evolucionado hacia la composición de una base de datos hemisférica bajo el control del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este repositorio digital permite el seguimiento minucioso de las personas incluso antes de que inicien su desplazamiento físico, creando una "frontera inteligente" que opera de forma preventiva y extraterritorial.

Esta infraestructura tecnológica funciona como una herramienta de coerción que redefine la soberanía regional. Mediante el monitoreo legal-digital, la concesión o revocación de visas y la aplicación de sanciones se gestionan mediante algoritmos de riesgo migratorio, que procesan la información en tiempo real para bloquear perfiles indeseables. La eficacia de este monitoreo se refleja directamente en el impacto socioeconómico en América Latina. Datos de AS/COA demuestran que, desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Donald Trump ha establecido la gestión migratoria como el pilar central de su administración, basando sus acciones en la declaración de emergencia nacional y clasificando el flujo migratorio en la frontera sur como una invasión. Esta postura política se ha traducido en medidas inmediatas para revocar los permisos de residencia legal de cientos de miles de personas, lo que ha afectado significativamente a las poblaciones de América Latina y el Caribe, especialmente a países como Cuba, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Además de revisar la situación legal, el gobierno ha intensificado la promoción de detenciones y procesos de deportación a gran escala en todo Estados Unidos.

El apoyo financiero y estructural a esta agenda se consolidó con la " Big, Beautiful Bill", promulgada en julio del año pasado, que autorizó la asignación de aproximadamente 170 mil millones de dólares estadounidenses durante cuatro años. Esta cantidad se destina a la expansión física y tecnológica del muro fronterizo, el aumento de la capacidad de custodia en los centros de detención y el fortalecimiento de la red de vigilancia.

Además, el perfeccionamiento técnico del aparato de seguridad ha dado lugar a procesos de deportación más rápidos y precisos, lo que ha alterado drásticamente el flujo de remesas y la estabilidad de las comunidades locales. En última instancia, la externalización de la frontera mediante el control de datos establece un régimen de vigilancia continua, donde el dominio tecnológico estadounidense sobre la información biográfica y biométrica del hemisferio consolida una nueva forma de poder geopolítico basada en la vigilancia electrónica total.

4. EL IMPACTO EN LA SOBERANÍA REGIONAL Y LA "PERSPECTIVA BRASILEÑA"

La intensificación del aparato de vigilancia tecnológica en las fronteras estadounidenses plantea a Brasil un dilema estructural: preservar la autonomía diplomática y la creciente presión para alinear sus políticas de seguridad con las directrices de Washington. Según análisis de la Revista Unicamp, el endurecimiento de las restricciones migratorias y el uso de biometría avanzada han colocado al territorio brasileño en una posición estratégica indeseable, actuando como un "país tapón" para contener flujos que ni siquiera tienen a Brasil como destino final. Esta configuración pone de manifiesto una amenaza a la soberanía regional, ya que el Estado brasileño se ve obligado a internalizar protocolos de seguridad extranjeros y a cooperar con el monitoreo de personas en tránsito, a menudo en detrimento de sus propias tradiciones de hospitalidad y neutralidad diplomática.

La sumisión a este modelo de control no se limita al ámbito administrativo, sino que repercute en una crisis humanitaria de gran magnitud. La implementación de estas políticas genera un escenario de pánico y persecución, donde el intercambio de datos migratorios expone a poblaciones vulnerables a procesos de extradición y deportación sumaria. Al integrarse al sistema de vigilancia hemisférica controlado por Estados Unidos, Brasil corre el riesgo de transformar sus representaciones consulares y puestos de control en extensiones del aparato de seguridad estadounidense. Esta dinámica compromete la capacidad de formular una política exterior independiente para América Latina, ya que la seguridad fronteriza pasa a estar dictada por algoritmos y criterios de riesgo definidos unilateralmente por el Departamento de Seguridad Nacional, lo que desafía la premisa de la autodeterminación de los pueblos en la gestión de sus propios territorios y flujos humanos.

Las consecuencias jurídicas para los ciudadanos brasileños en este nuevo paradigma de control migratorio son profundas y redefinen la relación entre el individuo y el Estado. Con la integración de Brasil al sistema de monitoreo hemisférico, la principal implicación legal radicaría en el debilitamiento del debido proceso en favor de criterios de seguridad nacional extranjeros. La recopilación masiva de datos biométricos y el intercambio de antecedentes penales y administrativos con agencias estadounidenses crean un estado de vigilancia anticipada. Legalmente, esto significa que un ciudadano puede ver restringido su derecho de entrada y salida o cancelado su visa sin necesidad de una infracción concreta, basándose únicamente en análisis predictivos de algoritmos que operan fuera de la jurisdicción brasileña, lo que dificulta cualquier intento de defensa o impugnación judicial.

Además, la posición de Brasil como "país tapón" altera la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos y refugiados. En la práctica, la presión diplomática conduce a una interpretación más restrictiva de las leyes migratorias nacionales, lo que resulta en prohibiciones de entrada y deportaciones sumarias que a menudo ignoran el principio de non-refoulement (no devolución). Para los brasileños que residen o intentan entrar en Estados Unidos, la consecuencia es la precariedad de su situación legal: infracciones administrativas menores, ahora detectadas con precisión quirúrgica por los aparatos tecnológicos, se convierten automáticamente en detonantes de severas sanciones. Esto crea un vacío de protección consular, donde el Estado brasileño, al alinearse técnicamente con las directivas de Washington, ve limitada su capacidad de brindar asistencia legal a sus ciudadanos por la misma arquitectura de datos que ayudó a fomentar.

5. EL FUTURO DE LA RELACIÓN HEMISFÉRICA

El análisis del aparato tecnológico de monitoreo y las herramientas de coerción migratoria revela que la gestión de los flujos humanos en América Latina no es un fin en sí mismo, sino un componente táctico de la reafirmación de la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental. Según informa Agência Brasil, la diplomacia estadounidense ha reafirmado su prominencia regional como un mensaje directo a la creciente influencia de China en la región. En este escenario, el control fronterizo y la infraestructura de datos migratorios funcionan como un mecanismo de contención geopolítica. Al exigir a los países latinoamericanos, incluido Brasil, que adopten sus estándares tecnológicos y protocolos de seguridad, Washington garantiza una primacía técnica y normativa que obstaculiza la penetración de la infraestructura y las alianzas estratégicas propuestas por potencias rivales.

Este proceso consolida lo que describimos como una "disputa de significados", en la que el monitoreo migratorio se instrumentaliza para estigmatizar a gobiernos y movimientos que no se alinean plenamente con las directrices de seguridad de la Casa Blanca. El estigma de la "inseguridad" o la "ineficiencia fronteriza" también se utiliza para justificar intervenciones técnicas y presiones políticas, etiquetando a las administraciones soberanas como amenazas a la estabilidad hemisférica. En última instancia, la frontera del siglo XXI deja de ser una línea geográfica para convertirse en una red digital de exclusión. El futuro de las relaciones hemisféricas, por lo tanto, depende de esta arquitectura de vigilancia que, bajo el pretexto de la seguridad migratoria, busca preservar a América Latina dentro de una esfera de influencia exclusiva, sacrificando la autonomía regional y los derechos individuales en nombre de una competencia hegemónica global que redefine permanentemente el concepto de soberanía.