1 INTRODUCCIÓN

La situación migratoria en Estados Unidos en 2025 se caracterizó por una intensificación explícita de las políticas de control fronterizo y vigilancia interna, acompañada y, en parte, facilitada por cambios institucionales y presupuestarios que ampliaron considerablemente la capacidad de detener y expulsar a personas. Datos y análisis recientes indican que, si bien funcionarios públicos y organismos ejecutivos afirman haber llevado a cabo cientos de miles de deportaciones durante el primer año de la administración, la divulgación sistemática y detallada de las estadísticas operativas del U.S. Immigration and CustomsEnforcement (ICE) y la Executive Office for Immigration Review (EOIR) se ha interrumpido selectivamente este año.

El problema central que este estudio propone investigar es la relación entre la deportación masiva, el apagón informativo (shutdown)  y la concentración de poder. En concreto, cómo la opacidad en la divulgación de datos migratorios ya sea mediante la interrupción temporal de informes, la omisión de series históricas o la publicación fragmentada de indicadores, afecta los mecanismos de control democrático, la rendición de cuentas administrativa y la protección de los derechos humanos. La hipótesis principal argumenta que el vacío informativo no es un mero efecto secundario técnico (por ejemplo, un shutdown administrativo), sino un componente político que reduce la visibilidad pública y académica sobre las prácticas de deportación y detención, lo que dificulta la evaluación independiente de la legalidad, la proporcionalidad y el impacto social.

La evidencia preliminar sugiere que, incluso durante un escenario de paralización gubernamental parcial (shutdown), las operaciones de control consideradas "esenciales" continuaron, mientras que las funciones de transparencia y supervisión se vieron afectadas desproporcionadamente, lo que generó importantes lagunas en las series de datos públicos.

2. LA ESCALADA DE LA REPRESIÓN MIGRATORIA

El cambio punitivo observado en 2025 se configura como una escalada cuantitativa y cualitativa: cuantitativa, debido al aumento significativo del número de detenciones y deportaciones, así como al incremento de la ocupación promedio en los centrosde detención; cualitativa, debido al cambio de enfoque de las operaciones exclusivamente fronterizas a intervenciones extensivas dentro del país y la adopción de mecanismos administrativos de expulsión acelerada.

El Immigration and Nationality Law Committee de Nueva York y el Rule of Law Task Force publicaron una versión actualizada de su informe (octubre de 2025) sobre los cambios propuestos a la legislación migratoria presentados por la administración Trump para el año 2025. El documento sistematiza las iniciativas adoptadas por los poderes Ejecutivo y/o Legislativo que afectan a los no ciudadanos, señala las principales cuestiones jurídicas derivadas de estas medidas y registra los lugares en los que se presentaron demandas, así como los desarrollos y resultados de estas impugnaciones. El informe también documentó que, durante el segundo mandato de Trump, el promedio de detenciones de extranjeros alcanzó niveles sin precedentes en la era contemporánea y que las expulsiones supervisadas por el ICE (incluidas las de centros de detención del interior del país) aumentaron drásticamente en volumen y frecuencia. Estos patrones se vieron respaldados por un aumento presupuestario y cambios regulatorios que ampliaron las facultades ejecutivas y redujeron las garantías procesales.

Según los mismos datos, a principios de su segundo mandato, el presidente Donald J. Trump impulsó cambios inmediatos alineados con los lineamientos centrales de su campaña electoral, priorizando la agenda migratoria. Las medidas adoptadas incluyen el fortalecimiento de las políticas de deportación de extranjeros, la intensificación de la presión sobre los gobiernos estatales y municipales para que amplíen la cooperación con las autoridades federales de inmigración, la restricción del acceso a los mecanismos de protección y la asistencia humanitaria, así como acciones dirigidas a un control más estricto de la frontera sur de Estados Unidos. Estas iniciativas se han implementado mediante decretos presidenciales, directrices administrativas y otros instrumentos normativos, lo que indica un esfuerzo sistemático por reconfigurar el marco institucional y operativo de la política migratoria, a la vez que suscita debates sobre el alcance y los límites del ejercicio del poder ejecutivo.

La conjunción de estos vectores explica por qué la represión ha dejado de ser episódica y ha comenzado a operar de forma continua y a mayor escala. Políticamente, la lógica es doble: por un lado, la política de endurecimiento funciona como una señal de capacidad gubernamental para un electorado que valora el orden y el control migratorio; por otro lado, la producción de resultados (altas tasas de expulsión) legitima internamente las demandas de mayores recursos y autoridad, creando un círculo vicioso entre el desempeño represivo y la expansión presupuestaria. El informe del Colegio de Abogados de la Ciudad, por ejemplo, concluye que los cambios legislativos y administrativos de 2025 formalizaron, en la práctica, prerrogativas que facilitan la ejecución masiva de expulsiones, incluyendo normas que reducen el alcance de los recursos judiciales y aceleran los procesos de deportación.

Finalmente, el impacto social y legal es profundo: además de las violaciones individuales de los derechos procesales (restricciones al acceso a la asistencia jurídica, reducción de los plazos de apelación, aumento de la prisión preventiva), existen efectos comunitarios de carácter económico, psicológico y cívico, así como la erosión de los vínculos comunitarios, el aumento de la precariedad laboral y la reducción de la confianza en las instituciones públicas. La combinación de represión intensa y bloqueo de datos crea una "zona ciega" empírica que dificulta el mapeo de las víctimas, la evaluación de riesgos y la propuesta de respuestas políticas informadas, lo que aumenta el riesgo de violaciones sistémicas e impunidad institucional.

3. EL APAGONAMIENTO DE DATOS Y SUS EFECTOS

La transparencia de la información producida y difundida por las agencias federales es un elemento central para la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas en Estados Unidos. Como se indica en el informe de Federal Information Transparency, de United States Government Accountability Office (GAO) de Estados Unidos, la disponibilidad de datos públicos por parte de las agencias gubernamentales aumenta la rendición de cuentas y la confianza pública en las acciones estatales, a la vez que permite a los responsables políticos y al público en general evaluar si los programas federales funcionan según lo previsto. Para que los datos sean útiles, deben ser accesibles, precisos y divulgarse de manera oportuna; cuando no se cumplen estos criterios, la utilidad y la fiabilidad de esta información se ven directamente comprometidas.

Durante los períodos de cierre parcial del gobierno federal (government shutdown), las operaciones de numerosas agencias se ven interrumpidas o reducidas drásticamente debido a la falta de financiación aprobada por el Congreso. Los informes de la GAO sobre shutdowns anteriores, como el de 2018-2019, muestran que, incluso con planes de contingencia elaborados de acuerdo con las directrices del Office of Management and Budget (OMB), muchas funciones administrativas y de divulgación de datos quedan suspendidas por no ser elegibles para operaciones consideradas esenciales o "excepted" según la legislación presupuestaria vigente. En estos casos, se despide a una gran parte del personal, los sistemas de información entran en modo de mantenimiento mínimo y se suspende la actualización regular de las bases de datos públicas.

El cierre experimentado durante la actual administración tuvo un impacto particularmente grave en la divulgación de datos relacionados con las actividades del ICE y la EOIR, organismos centrales del sistema de aplicación y revisión de las leyes de inmigración. Según informes de investigación basados ​​en entrevistas con investigadores y revisiones de Freedom of Information Act, la suspensión de las actividades administrativas durante el shutdown interrumpió la publicación regular de estadísticas de detención y expulsión, que históricamente han constituido una fuente crucial para el análisis de las prácticas de aplicación de la ley de inmigración. Sin estos datos actualizados, investigadores, periodistas y la sociedad civil se quedaron sin información sobre las variaciones en las poblaciones de detenidos, los perfiles de las personas encarceladas y las tendencias temporales en las acciones de cumplimiento de la ley.

La ​​ausencia de datos actualizados del ICE fue calificada por los observadores como un obstáculo para monitorear los cambios en las operaciones de cumplimiento de la ley. Por ejemplo, los datos previamente publicados y luego suspendidos incluían no solo cifras agregadas de detenidos, sino también desagregaciones por antecedentes penales y otras características que permitían analizar la focalización de las acciones. La interrupción de estos conjuntos de datos significó una situación desfavorable para los proyectos académicos y los periodistas que utilizaban dicha información para contextualizar las políticas y sus consecuencias prácticas, además de dificultar la identificación de cambios abruptos o patrones emergentes de cumplimiento de enforcement.

En cuanto a los tribunales de inmigración, si bien informes más recientes de la GAO señalan los esfuerzos de la EOIR por mejorar la gestión y la calidad de los datos públicos mediante la implementación de sus Data Quality Guidelines & Data Management Plan, existen antecedentes de dificultades para el seguimiento y la publicación de información sobre la asistencia y las decisiones judiciales. La GAO, por ejemplo, identificó deficiencias en los sistemas de gestión de casos que no recopilaban sistemáticamente datos sobre la presencia de extranjeros en las audiencias, lo que resultaba en información incompleta sobre los procedimientos realizados y las posibles órdenes de deportación emitidas in absentia. En este contexto, la combinación del cierre del gobierno con sistemas de datos ya limitados en alcance y consistencia amplifica los efectos adversos sobre la transparencia gubernamental. La suspensión de las actualizaciones de las bases de datos públicas reduce la capacidad de monitoreo continuo, limita la presión de los organismos de supervisión y dificulta la investigación empírica sobre los impactos sociales y legales de las políticas de inmigración. Para los periodistas y analistas, esto significa menos elementos fácticos disponibles para informes y estudios, mientras que las organizaciones de la sociedad civil enfrentan obstáculos adicionales cuando intentan fundamentar sus acciones de defensa o litigios basándose en tendencias observables en los datos de control de inmigración.

4 TRANSPARENCIA, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

La transparencia de los datos gubernamentales es un principio fundamental tanto de la democracia representativa como de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En los regímenes democráticos, la divulgación de información pública no es un mero mecanismo técnico de administración, sino un vector esencial para la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la protección de los derechos civiles. Las normas y recomendaciones internacionales de organizaciones multilaterales, como las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre open government e integridad pública, enfatizan que la disponibilidad de datos públicos claros, completos, confiables y oportunos promueve la rendición de cuentas del gobierno y la inclusión de múltiples actores en el desarrollo e implementación de políticas públicas. La transparencia, entendida como el acceso activo y reactivo a la información gubernamental, se correlaciona con la confianza en las instituciones y el ejercicio informado de la ciudadanía.

En Estados Unidos, la transparencia adquiere una dimensión particularmente problemática en el contexto de las operaciones de control migratorio, en particular en relación con el sistema de detención supervisado por el ICE y la EOIR. Los informes de la GAO analizan la gestión de contratos, la supervisión de los centros de detención y la calidad de los datos disponibles para el público. A pesar de este monitoreo institucional, organizaciones de derechos civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU) critican la falta de transparencia efectiva en diversas áreas (observada en un informe sobre el tema ya en el gobierno de Trump I), argumentando que esta deficiencia compromete los principios democráticos y abre espacio para abusos de autoridad.

La ​​relación entre transparencia y democracia está firmemente establecida en la teoría política contemporánea: según la tradición occidental, los regímenes democráticos exigen que los actores estatales rindan cuentas de sus acciones y decisiones a la población, facilitando el escrutinio público y el control vertical mediante mecanismos que van desde la participación electoral hasta la supervisión permanente mediante datos públicos accesibles. Por lo tanto, el principio de transparencia incluye tanto la disponibilidad proactiva de información como la disposición de las instituciones a responder a las consultas y explicar las decisiones que afectan a los derechos fundamentales. Desde una perspectiva de derechos humanos, la falta de transparencia, especialmente en ámbitos relacionados con la privación de libertad, genera importantes tensiones normativas. Las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como las consagradas en los pactos que garantizan el derecho a la información y los derechos civiles y políticos, presuponen que el Estado debe garantizar que los procedimientos administrativos y judiciales que afectan directamente la libertad y la dignidad de las personas estén sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y supervisión. La opacidad sistemática en la divulgación de datos sobre detenciones, condiciones de custodia y decisiones judiciales socava este principio, dificultando el monitoreo independiente por parte de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y los propios medios de comunicación.

Esta contradicción entre la naturaleza esencial atribuida a las prácticas de aplicación de la ley migratoria y la insuficiente rendición de cuentas de dichas prácticas revela no solo deficiencias institucionales, sino también desafíos estructurales para promover la transparencia normativa y operativa. Si bien la administración de ciertos programas de aplicación de la ley puede justificar restricciones temporales a la divulgación de información sensible por razones de seguridad u operativas, la falta de datos agregados, accesibles y contextualizados debilita, como se mencionó anteriormente, el escrutinio público y reduce la capacidad de asesoramiento legal, investigación académica y defensa de los derechos civiles.

Por lo tanto, la transparencia no debe entenderse simplemente como un ideal abstracto, sino como un requisito operativo y legal que sustenta tanto la legitimidad democrática como el respeto a los derechos humanos. La opacidad institucional, especialmente en áreas que involucran privación de libertad y supervisión estatal de poblaciones vulnerables, apunta a un déficit democrático que exige respuestas normativas y prácticas, incluyendo la ampliación de los mecanismos de divulgación de datos, el fortalecimiento de las auditorías independientes y la garantía del pleno acceso a la información relevante para todos los sectoresde la sociedad.

Todavía es necesario discutir el papel de la transparencia de los datos como principio democrático y obligación internacional, y la contradicción entre la operación "esencial" de las detenciones y la falta de rendición de cuentas.

5 CONSIDERACIONES FINALES

Este análisis examinó la articulación entre la intensificación de las políticas de deportación, la opacidad informativa y la concentración de poder bajo la administración Trump en 2025, tomando como eje analítico el bloqueo parcial de datos migratorios relacionados con las actividades del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y Executive Office for Immigration Review (EOIR). Con base en la evidencia documentada por informes institucionales, organizaciones de la sociedad civil y análisis empíricos recientes, se demostró que el endurecimiento de la política migratoria estuvo acompañado de interrupciones selectivas y significativas en la difusión de información pública esencial para el monitoreo democrático de las acciones estatales.

Los datos analizados indican que, durante el segundo mandato de Donald Trump, la represión migratoria operó a una escala ampliada y continua, sustentada por aumentos presupuestarios, cambios regulatorios y la expansión de la infraestructura de detención. Informes del Migration Policy Institute y del New York City Bar documentan el aumento significativo de las detenciones y deportaciones, así como la adopción de mecanismos administrativos que redujeron las garantías procesales y aceleraron los procesos de expulsión. Estos elementos confirman que la política migratoria ha dejado de ser episódica o reactiva para convertirse en parte de una estrategia gubernamental estructural.

Paralelamente, destacamos que el cierre parcial del gobierno federal (government shutdown) afectó desproporcionadamente las funciones de transparencia y divulgación de datos, mientras que las operaciones clasificadas como "esenciales", como las detenciones y las deportaciones, continuaron llevándose a cabo. Informes de la Government Accountability Office (GAO) demuestran que, en contextos de cierre, las actividades administrativas y la actualización de las bases de datos públicas se suspenden con frecuencia, a pesar de que los programas operativos permanecen activos. En el caso específico de la política migratoria en 2025, esta dinámica provocó la interrupción de la publicación regular de las estadísticas del ICE y la EOIR, lo que generó importantes lagunas en las series históricas disponibles para el público.

Las consecuencias de este bloqueo de datos son observables empíricamente. Como lo señalan las investigaciones y análisis periodísticos basados ​​en solicitudes amparadas en la Freedom of Information Act (FOIA), la ausencia de datos actualizados ha obstaculizado el monitoreo independiente de las prácticas de aplicación de la ley, ha limitado la capacidad de periodistas e investigadores para identificar patrones y cambios operativos, y ha reducido los instrumentos disponibles para el trabajo de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos. La interrupción de la información desagregada, utilizada previamente para evaluar los criterios de focalización de las acciones de cumplimiento, comprometió directamente la posibilidad de un escrutinio público cualificado.

Desde un punto de vista normativo, el estudio confirmó que esta opacidad contrasta con los principios establecidos de transparencia y rendición de cuentas asociados tanto a la democracia representativa como a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las directrices de la OCDE, así como los análisis institucionales y las posturas de la American Civil Liberties Union (ACLU), reiteran que la privación de libertad requiere altos niveles de supervisión pública y acceso a la información. La persistencia de detenciones a gran escala sin una divulgación adecuada de datos debilita los mecanismos de rendición de cuentas y aumenta el riesgo de violaciones sistémicas, especialmente en un contexto de expansión del poder ejecutivo.

Se concluye, por lo tanto, que el bloqueo de los datos migratorios observado en 2025 no puede entenderse simplemente como un efecto administrativo contingente, sino como un elemento políticamente relevante del arreglo institucional que sustentó la intensificación de las deportaciones. La coexistencia entre operativos represivos activos y la suspensión de los instrumentos de transparencia generó una asimetría informativa que limitó el control democrático, redujo la visibilidad pública de las prácticas estatales y debilitó las garantías de los derechos humanos. A la luz de la evidencia presentada, la transparencia emerge no como un atributo secundario de la política migratoria, sino como una condición indispensable para la legalidad, la legitimidad y la rendición de cuentas de las acciones gubernamentales en materia de inmigración.

REFERENCIAS

AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION (ACLU). ACLU statement on Government Accountability Office report. Washington, DC, [s.d.]. Disponible en: https://www.aclu.org/press-releases/aclu-statement-government-accountability-office-report. Consultado el 17 de diciembre de 2025.

AMERICAN IMMIGRATION COUNCIL. What the 2025 government shutdown means for the immigration system. Washington, DC, 2025. Disponible en: https://www.americanimmigrationcouncil.org/blog/what-government-shutdown-2025-means-immigration-system/. Consultado el 20 de noviembre de 2025.  

CITY BAR OF NEW YORK. The Trump administration’s early 2025 changes to immigration law. New York, out. 2025. Disponible en: https://www.nycbar.org/reports/the-trump-administrations-early-2025-changes-to-immigration-law/. Consultado el 17 de noviembre de 2025.

CITY BAR OF NEW YORK. Trump Administration changes to immigration law (updated report). New York, out. 2025. Disponible en: https://www.nycbar.org/wp-content/uploads/2025/03/20221419-TrumpAdminChangesImmigrationLaw.pdf. Consultado el 17 de diciembre de 2025.

CITY BAR OF NEW YORK. Immigration and Nationality Law Committee. New York, [s.d.]. Disponible en: https://www.nycbar.org/committees/immigration-nationality-law-committee/. Consultado el 17 de diciembre de 2025.

CITY BAR OF NEW YORK. Task Force on the Rule of Law. New York, [s.d.]. Disponible en: https://www.nycbar.org/committees/task-force-on-the-rule-of-law/. Consultado el 17 de diciembre de 2025.

GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE (GAO). Federal information transparency: opportunities to improve public access to federal information. Washington, DC, 2020. Disponible en: https://www.gao.go/federal-information-transparency. Consultado el 18 de noviembre de 2025.

GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE (GAO). Shutdowns: agencies’ contingency planning and effects of the 2018–2019 lapse in appropriations. Washington, DC, 2020. Disponible en: https://www.gao.gov/assets/gao-20-377.pdf. Consultado el 17 de diciembre de 2025.

GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE (GAO). Immigration courts: EOIR has taken steps to improve data quality, but challenges remain. Washington, DC, 2025. Disponible en: https://www.gao.gov/products/gao-25-106867. Consultado el 17 de diciembre de 2025.

KOCHER, Austin. ICE and EOIR data cut off during the 2025 shutdown. Substack, 2025. Disponible en: https://austinkocher.substack.com/p/ice-and-eoir-data-cut-off-during. Consultado el 16 de diciembre de 2025.

MIGRATION POLICY INSTITUTE. A new era of immigration enforcement under Trump’s second term. Washington, DC, 2025. Disponible en: https://www.migrationpolicy.org/news/new-era-enforcement-trump-2. Consultado el 16 de noviembre de 2025.

MIGRATION POLICY INSTITUTE. Immigrant detention under the Trump administration. Washington, DC, 2025. Disponible en: https://www.migrationpolicy.org/article/trump-immigrant-detention. Consultado el 28 de noviembre de 2025.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). Government at a Glance 2025: transparency of public information. Paris: OECD Publishing, 2025. Disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/2025/06/government-at-a-glance-2025_70e14c6c/full-report/transparency-of-public-information_60a963c4.html. Consultado el 18 de noviembre de 2025.

THE MARSHALL PROJECT. How the government shutdown disrupted ICE immigration data. New York, 15 nov. 2025. Disponible en: https://www.themarshallproject.org/2025/11/15/data-ice-chicago-shutdown-immigration. Consultado el 17 de diciembre de 2025.